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Hasta que se cumplan ciertas condiciones, el Poder Judicial no se sentaría a discutir con el gobierno de Laura Fernández los asuntos de seguridad del país.
Orlando Aguirre, presidente de ese poder de la República, condicionó la participación del Poder Judicial en las reuniones de presidentes de los supremos poderes de la República a que existan reglas claras, respeto entre las instituciones y una disposición real para escuchar las posiciones de cada parte.
Asimismo, Aguirre defendió el respeto a las obligaciones constitucionales relacionadas con el financiamiento de la justicia y advirtió que las decisiones que corresponden a los jueces no pueden ser objeto de negociación.
“Un diálogo efectivo requiere buena fe, respeto entre las partes, disposición real a escuchar y comprender y reglas claras conocidas por todos (…) Se coordina sin que nadie mande sobre nadie. Cada institución llega como igual, con responsabilidades que son propias y no se ceden. Y la manera que cada poder rinde cuentas es la que establece la Constitución y la ley que juramos respetar. Sobre estos criterios, el Poder Judicial ya se ha pronunciado con claridad”, dijo Aguirre.
El jerarca también planteó que las reuniones deben contar con una agenda previamente definida, de manera que cada institución pueda prepararse y aportar con seriedad.
Aguirre puso además sobre la mesa varios asuntos que, según dijo, forman parte de las posiciones que el Poder Judicial ya ha establecido y que deben ser respetadas en cualquier eventual proceso de diálogo.
“El respeto a las obligaciones constitucionales sobre el financiamiento de la justicia, el carácter no negociable de las decisiones que corresponden a los jueces, el propósito de fortalecer la seguridad y el servicio a la ciudadanía y la constancia pública de las razones de cada parte para que la gente pueda juzgarlas por su mérito”, agregó.
En los últimos tres meses, el gobierno de Laura Fernández y el Poder Judicial han mantenido una relación marcada por fuertes diferencias.
El plantón de la semana pasada fue uno de los últimos episodios de ese enfrentamiento, al que se suma la acusación de “golpe de Estado” formulada por la mandataria contra la Sala IV.
La reacción de Fernández se produjo luego de que la Sala Constitucional prorrogara de manera indefinida los nombramientos de los magistrados suplentes, hasta que la Asamblea Legislativa designe a los nuevos funcionarios.
En este caso, el Congreso, dominado por diputados oficialistas, ha rechazado en once ocasiones la nómina enviada por la Corte Suprema para ocupar esos cargos.
A este conflicto se suma el cuestionamiento realizado anteriormente por Rodrigo Chaves, ministro de la Presidencia, quien durante las celebraciones del 25 de julio preguntó a la audiencia si era necesario el Poder Judicial, una afirmación que fue censurada por sectores de oposición.
Además, el Poder Judicial enfrenta la amenaza de un recorte presupuestario cercano a ¢27 mil millones, otro de los puntos de tensión con el Ejecutivo.
Pese a estas diferencias, Aguirre sostuvo que el diálogo sigue siendo posible y necesario, especialmente para abordar problemas como la seguridad.
“Los problemas más difíciles, empezando por la seguridad, no son de una sola institución, son problemas de todas”, afirmó.
El presidente de la Corte aseguró que el Poder Judicial continuará cumpliendo con sus funciones de perseguir el delito, proteger a las personas y llevar justicia a todo el país.
“Un país se construye conversando, con reglas claras y con respeto. En esa conversación Costa Rica siempre va a contar con su Poder Judicial”, concluyó.
