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Crecen salarios, baja inversión en obras
Orgía autonómica

Está por la libre gasto de instituciones estatales

En momentos en que se exige una austeridad presupuestaria, las instituciones autónomas incrementaron en un 30% el pago de salarios para 2012, comparado con el de los últimos dos años.
Como si no fuera suficiente, el costo de las consultorías y asesorías de esos entes creció un 80% para el mismo periodo.
En contraste, la inversión en obras para mejorar los servicios públicos decreció en más de un 20%.
Este despilfarro ocurrió en momentos en que se pide a las familias y empresas pagar más impuestos para sanear el déficit fiscal, generado en gran parte por el aumento en sueldos.
Sin embargo, ese sacrificio no se aplica a estas instituciones.
Incluso algunas establecen sus propias alzas salariales extraordinarias.
La Universidad de Costa Rica decretó un ajuste del 5% para sus trabajadores, pese a que el Gobierno dispuso que sería de tan solo ¢5 mil, para el primer semestre de este año.
Bancrédito hizo, en febrero pasado, un incremento en el salario de varios de los altos jerarcas de entre ¢125 mil y ¢376 mil al mes.
Mientras tanto, en el Consejo Nacional de Vialidad, así como en la Refinadora Costarricense de Petróleo el gasto total, más que todo conformado por salarios, aumentó en casi un 20%, comparado con 2010.
Para frenar el derroche, la administración de Laura Chinchilla emitió, desde al año anterior, una restricción de un crecimiento presupuestario de solo un 3%.
A las instituciones públicas fuera del Gobierno se les instaba del mismo modo a tomar medidas de ahorro.
Sin embargo, la mayoría no lo cumplió.
La dificultad es que no hay forma de limitar el uso de los recursos que utilizan al menos 190 instituciones públicas.
Son los propios jerarcas de estos entes quienes deciden cuánto dinero gastan cada año.
La Contraloría y el Gobierno solo pueden instarles a hacer un uso racional de los recursos, pero no obligarlas a gastar menos dinero, pese que son entes públicos.
El problema es que gran parte de estas entidades son financiadas a través de los impuestos que pagan los contribuyentes, exceptuando los entes financieros.
La propuesta para solucionar este derroche de recursos públicos está fundamentada en crear un Estado unitario, donde el Ministerio de Hacienda tenga posibilidad de limitar el gasto público de todas las instituciones.
Además de que, a partir de este año, todas las instituciones están obligadas a rendir informes en materia laboral.
El objetivo es establecer una única política de contratación. La norma busca crear un sistema de empleo integrado en una única dirección.
Además que evaluará el desempeño de los trabajadores estatales frente a la prestación de los servicios públicos.
La excepción son los institutos Costarricense de Electricidad y Nacional de Seguros porque su información presupuestaria y de administración es privada a raíz de la competencia en telecom y seguros.

Oscar Rodríguez
[email protected]
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