Obsesión con los datos personales

Muchos recordamos la controversia que generó la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD), dirigida por don Carlos Alvarado, creada presuntamente para contar con datos personales de los ciudadanos costarricenses que permitieran desarrollar una mejor política pública.

El decreto que creó la Upad fue emitido el 14 de octubre de 2019, pero publicado el 17 de febrero del 2020, lo que significó que durante cuatro meses la susodicha unidad estuvo trabajando en la compilación y tratamiento de datos personales, sin que ese trabajo fuera público. Después de conocerse su existencia a través del diario oficial La Gaceta y publicaciones en medios de comunicación, la UPAD fue disuelta.

Diferentes constitucionalistas advirtieron que el Poder Ejecutivo limitó el derecho a la privacidad, sin ningún tipo de justificación, ya que la intención de querer hacer política pública no puede prevalecer sobre el respeto a la privacidad. Por esta acción, el Presidente de la República y algunos funcionarios de su gobierno fueron acusados de prevaricato y abuso de poder.

Pareciera que la crítica y censura de la opinión pública que catalogó a la recolección de datos como “terrorismo de estado o policía política”, unido al informe afirmativo de mayoría de la comisión investigadora en el Congreso del caso de la UPAD, que responsabilizó en forma directa al Presidente y exigió la investigación vía penal de varios ministros, no fueron suficiente para que este gobierno entendiera que el derecho a solicitar información a las personas que habiten nuestro territorio, no es irrestricto.

La semana pasada, el gobierno vuelve a violar los derechos de privacidad de las personas, y en esta ocasión utilizando a menores de edad, al aplicar preguntas en las pruebas FARO, del Ministerio de Educación Pública, MEP, a estudiantes de quinto grado de escuela, para recopilar datos sobre la condición socioeconómica personal y familiar.

El argumento utilizado por el MEP de justificación de las preguntas se basó en que “Estas pruebas indagan factores propios de los estudiantes y del entorno educativo que permitirá explicar de mejor manera los puntajes alcanzados. A nivel internacional estos factores se analizan para explicar cómo los estudiantes alcanzan ciertas calificaciones. Son insumos muy importantes para orientar de manera diagnostica las acciones de nuestro plan de recuperación y nivelación educativa a nivel nacional”. No entiendo. Intento inferir: el menor de edad que vive en una casa con piso en cerámica italiana y techo en madera artesanal tiene mayores posibilidades de obtener mejores calificaciones que el que vive en una casa con el piso en cemento y techo de láminas de zinc.

¿No son los censos poblacionales los que preguntan sobre las características de la vivienda, servicios y características sociales de las familias, además de la información a la ciudadanía sobre el número de habitantes de la vivienda, su sexo y edad, parentesco, migración, etnicidad, discapacidad, religión, servicios de salud y educación, entre otros?

Tan difícil es entender que la privacidad se refiere a cualquier información identificativa que posea una persona, de modo que si el acceso a los datos tiene una finalidad distinta a la requerida –como la prueba FARO, cuyo objetivo es medir el dominio de habilidades de los estudiantes-, su uso sería ilegítimo, incorrecto e inapropiado.

Esperemos que ningún otro político del presente y futuro padezca de esta aparente obsesión de obtener datos privados con propósitos que no cuentan con el debido respaldo legal y legítimo. Solo el ciudadano tiene el poder de disposición sobre sus datos, con base en su consentimiento.