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Establecimientos no necesitarán cancelar gravamen por derechos de autor para obtener o renovar patentes
Negocios sin obligación de pagar por música
• Autores y Compositores apelarían decisión del gobierno ante la Sala IV

Natasha Cambronero
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Los establecimientos comerciales y actividades masivas ya no están obligados a pagar el canon de derechos de autor por el uso de música en sus instalaciones.
Así lo determinó un decreto publicado esta semana por el Poder Ejecutivo, al considerar que este cobro atentaba contra la pequeña y mediana empresa.
La normativa argumenta que se les está cobrando a todos los negocios este gravamen sin constatar que las piezas que utilizan están o no registradas ante la Asociación de Autores y Compositores Musicales (ACAM).
En este sentido, si bien ACAM podrá seguir reclamando el pago por derechos de autor de sus afiliados, no lo podrá hacer en establecimientos donde no se compruebe la reproducción de música de sus representados.
Asimismo, las municipalidades no podrán obligar a los negocios a presentar el recibo de la cancelación de este tributo para obtener o renovar patentes comerciales y de licores, ya que la orden del Gobierno lo derogó.
“ACAM no nos da el listado de sus representados solo nos dice géneros, sube a veces las tarifas sin justificar el alza, este decreto es un principio de justicia que veníamos aclamando los dueños de restaurantes, bares y centros de entretenimiento, con lo cual
ACAM no puede obligarnos al pago”, señaló Edgar Marín, presidente de la Cámara Costarricense de la Restaurantes y Afines (CACORE).
El monto que desembolsan los locales no es igual para todos los comercios, sino en razón del número de personas que reciben. Dichos fondos representan los ingresos totales de ACAM.

Por ello la medida los sorprendió y ahora están analizando el decreto para eventualmente acudir a la Sala Constitucional, de acuerdo con Mario Campos, director de la Asociación
La batalla entre los comercios y ACAM se inició en noviembre de 2006, cuando CACORE presentó una denuncia ante la Comisión para Promover la Competencia, desde noviembre de 2006 en relación a este tema.
En esa oportunidad, la instancia determinó que este pago “constituye una barrera al comercio, un trámite innecesario para los dueños de negocios y un privilegio para una entidad privada”.
Esta conclusión fue parte de los argumentos que utilizó el presidente Oscar Arias para derogar este artículo de la normativa actual, la cual entró en vigor el lunes pasado con su publicación en La Gaceta.
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