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Modernización portuaria en el Caribe tiene “plan B”
Iniciativa incluye el rompimiento del límite de endeudamiento de Japdeva y reformas a la convención colectiva

Aunque en el Gobierno afirman que van con todo en su intención de entregar la modernización de los muelles de Limón y Moín a una empresa privada, no se confían por completo.
Por eso diseñaron un “plan B” que ejecutarían en caso de que los muelleros rechacen la propuesta estatal de dar a un tercero la ampliación, equipamiento y operación de los puertos.
Para persuadir a los trabajadores, la Administración ofreció distribuir, entre los poco más de 1.200 funcionarios, una indemnización de $138 millones. La propuesta será discutida el 9 de octubre.
Si los empleados aceptan la oferta, la autoridad portuaria caribeña tendría luz verde para sacar el concurso para escoger a la empresa que asumirá los puertos.
Al contrario, si los muelleros se oponen entonces empezará la transformación de la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (Japdeva) para eliminarle los obstáculos que le impiden agilizar la operación de los muelles.
Hasta ayer, el sindicato se mantenía firme en que Moín y Limón seguirán en operación del Estado “por soberanía y porque legalmente no es posible dar a la empresa privada las estructuras portuarias actuales”, adelantó Ronaldo Blear, portavoz de los trabajadores.
Como primera medida, el “plan B” estatal contempla la movilización horizontal de al menos 600 trabajadores portuarios a otras instituciones del Caribe, adelantó Francisco Jiménez, presidente ejecutivo de Japdeva.
“Hay que dejar claro que no se va a despedir a nadie; si el presidente (Oscar Arias) le ha insistido al sector privado que traten en lo mayor posible de no despedir personal, nosotros debemos predicar con el ejemplo”, dijo Jiménez.
Para fijar el número de empleados que trasladará, Japdeva se basó en un estudio
de la Comisión Económica para América Latina (Cepal), expuso el jerarca portuario.
Tajantemente el representante de los trabajadores portuarios adelantó que el gremio no permitirá la salida de “un solo compañero” y desmintió que tengan exceso de personal. “Con decirle que en el último año la Contraloría nos aprobó 195 plazas, lo que convirtió a Japdeva en la institución que más personal contrató”, afirmó Blear.
Otra de las medidas sería solicitarles a los diputados que reformen la ley creadora de Japdeva, de manera que se le permita a la institución solicitar créditos para tecnología y ampliar las instalaciones.
Desde su constitución Japdeva tiene un techo de endeudamiento de ¢1 millón anual, mo
nto con el cual, dijo Jiménez, “no alcanza ni para comprar el papel que consume la institución al año”.
Esa iniciativa tiene el respaldo del sindicato y más bien su gremio considera que el límite de endeudamiento es una de las barreras que ha tenido la institución portuaria para modernizarse. En ese sentido Blear propuso que se le permita a Japdeva endeudarse hasta en un 80% del valor de sus activos.
Como tercera acción, el “plan B” promueve cambios a la convención colectiva de Japde
va, en caso de que quede en manos del Estado la responsabilidad de modernizar los muelles del Caribe.
Las variantes irían enfocadas a exigir a los empleados portuarios a trabajar los 365 días del año, las 24 horas, para mejorar la eficiencia del puerto. Además sería indispensable para contratar maquinaria.
Sobre esto, Jiménez explicó que la convención establece que el equipo estratégico, como las grúas, solo puede ser operado por trabajadores de Japdeva, lo cual impide negociar leasings.
Al margen del pulso, los exportadores solicitan que se realicen las inversiones necesarias para eliminar la congestión. “No importa si la modernización se da con inversión privada, estatal o mixta, necesitamos tener puertos más competitivos”, dijo Mónica Araya, presidenta de la Cámara de Exportadores.


Danny Canales
[email protected]
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