Modernización del empleo público

Jonathan Prendas

Diputado

Nueva República

La Comisión de Gobierno y Administración de la Asamblea Legislativa discute el proyecto de ley de empleo público. Esta iniciativa tiene como fin ordenar a toda la administración pública y cerrar portillos para que los órganos internos de las instituciones no tengan la potestad de decidir si acogen o no lo dispuesto por esta normativa.

El proyecto tiene su norte en modernizar la forma en que se selecciona, recluta y remunera a los servidores públicos, eliminando las desigualdades salariales que existen en la actualidad y provocando a su vez sustanciales ahorros, un mejor control y la planificación del empleo público.

La propuesta que se discute dista mucho de ser perfecta, por eso los diputados que conformamos la comisión estamos en el proceso de revisar 474 mociones que tienen por objetivo plantear cambios, encontrar maneras de mejorarla, hacerla más eficiente y realista.

A pesar de esto, la semana pasada algunos diputados aprobaron tres mociones que facultarían a las universidades a acoger o no a los efectos de la ley, al autorizarse un sistema propio de empleo público que prácticamente las excluiría de la normativa que estamos discutiendo. Esto atenta contra el concepto de gobierno corporativo, las buenas prácticas internacionales sobre la materia, debilita el proyecto y le hace perder su propósito fundamental.

Los congresistas que representamos a Nueva República no estamos de acuerdo con esta medida, porque además de restarle fuerza a la iniciativa genera una distorsión entre otros funcionarios públicos de la CCSS, las municipalidades o el mismo Poder Judicial; abre la puerta para que también puedan quedar excluidos veladamente de la aplicación de esta ley.

De esta forma, mientras estas afectaciones sustanciales no se reviertan, el proyecto perdería sentido y efectos positivos. Los diputados afines a Nueva República haremos todo lo posible para corregir estas deficiencias en las sesiones futuras que se realicen en el Plenario; buscaremos el apoyo de otros congresistas para realizar las modificaciones pertinentes que exigen muchísimos costarricenses.

Seguiremos apoyando la idea de crear un solo régimen de empleo que abarque a todo el sector público –con la única excepción de las empresas públicas en competencia-, impulsaremos que se equiparen los salarios y se ponga un freno a los privilegios que favorecen a unos pocos.

Los pluses de las universidades constituyen 1,5 veces los salarios base, una concesión que tenemos que pagar todos; en general, los pluses en las instituciones del Estado ya son el 4% del PIB en momentos en que el desempleo y el hambre afectan a miles de costarricenses. Hoy, más de 600 mil viven con un ingreso mensual de ₡35 mil por persona y el enorme déficit fiscal ahoga al país, le resta competitividad, atenta contra el desarrollo.

Costa Rica está ante la posibilidad de hacer transformaciones históricas; Nueva República no está dispuesta a dejar escapar esta oportunidad de oro que procura un Estado más ordenado, eficiente y equitativo. Estamos acostumbrados a luchar contra viento y marea por el bienestar del país, y lo seguiremos haciendo porque es nuestro deber patriótico.