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Meten el acelerador a diez proyectos de seguridad ciudadana

Tatiana Gutiérrez Wa-Chong tgutierrez@larepublica.net | Miércoles 07 febrero, 2024 04:20 p. m.


Rodrigo Arias
Rodrigo Arias, presidente del Congreso. Archivo/LA REPÚBLICA


Diez iniciativas se calificaron como urgentes por los jefes de fracción y los supremos poderes relacionados con la seguridad ciudadana.

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El procedimiento en el que se llevará a cabo la discusión, si prescindirá de algún trámite legislativo, no se ha definido aún.

“Sin embargo, lo bueno es que ya se establecieron las prioridades de cada una de las jefaturas”, aseguró Rodrigo Arias, presidente del Congreso.

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El más urgente es una iniciativa que ampliaría el margen para que los jueces puedan dictar prisión preventiva a sospechosos de delitos graves, como homicidios, legitimación de capitales, narcotráfico o abusos sexuales contra menores de edad.

Por su parte, Natalia Díaz, ministra de la Presidencia, aseguró que se logró allanar el camino y se seleccionaron 10 proyectos, todavía falta presentar tres de ellos, que se espera presentar a la corriente legislativa en esta semana, y que los jefes de fracción deberán decidir la ruta para procurar su avance más ágil.


Los diez proyectos prioritarios de seguridad son:

  • Ampliación de los delitos en los que el Poder Judicial puede efectuar escuchas telefónicas durante las pesquisas, así como el establecimiento de un plazo para que los jueces resuelvan las solicitudes de intervención.
  • Prohibición de la naturalización a extranjeros condenados por delitos dolosos con pena de prisión superior a los tres años en los últimos diez años, tanto en Costa Rica como en el extranjero.
  • Un proyecto sobre capitales emergentes que permitiría al Estado disponer de bienes que las personas no puedan justificar, mientras se espera una sentencia.
  • Incremento de las penas para quienes se dedican a los préstamos gota a gota. Se impondrían sanciones de hasta 15 años si el delito es cometido por bandas del crimen organizado.
  • Una reforma para limitar el otorgamiento de libertad condicional con tobilleras electrónicas.
  • Endurecimiento de las penas por posesión y uso de armas ilegales.
  • Una iniciativa para aumentar las penas para los adultos que usen a menores de edad en actividades delictivas.
  • Ampliación a diez años o más del período durante el cual deben constar las condenas en el registro judicial, a partir del momento en que se cumple la sentencia. Este proyecto está listo para ser votado en segundo debate.
  • Una reforma para ampliar los procesos judiciales contra los menores de edad.



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