Mesa de diálogo no tiene plazo para definir sobre Uber

La mesa de diálogo que creó el Gobierno para definir sobre la legalidad o no de Uber y otras plataformas de movilidad colaborativa en el país, no tiene aún un plazo específico para tomar decisiones.

La resolución del Gobierno dada a conocer a inicios de semana, instruye al Ministerio de Obras Públicas y Transportes a consensuar un plazo con los taxistas, por lo que es incierto si serán semanas, meses o incluso años, si es que se requiere la aprobación de una ley en el Congreso.

Para el Gobierno, la plataforma de Uber es ilegal, pero es claro también que la ley debe actualizarse para incorporar en el transporte público las nuevas tecnologías.

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La idea del mandatario es que los representantes de la compañía Uber también participen en el diálogo.

“El diálogo es la ruta de los costarricenses. El Gobierno respalda que se abra un proceso de diálogo, de entendimiento, con taxistas, pero también con otras partes, para modificar una ley que no está respondiendo a una realidad. En el acuerdo que tomó el Consejo de Gobierno no se establece un plazo para tomar una decisión, ya que eso es algo que tiene que acordarse en la mesa de trabajo”, dijo el mandatario.

Por el momento, la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) trabaja en el desarrollo de una aplicación dirigida a los taxistas, la cual permitiría a los usuarios conectarse más fácilmente con los conductores.

Asimismo, la app ayudaría a la Aresep a tener un mejor control sobre los taxímetros y fiscalizar el trato de los choferes con los clientes.

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Si quieren sobrevivir en el mercado los taxis deben adaptarse, sobre todo si se considera que hoy día ya existen más de 22 mil choferes de Uber y unas 700 mil personas se han registrado con la aplicación.

La cantidad de conductores de Uber ha generado la molestia de los taxistas, quienes han visto reducidas sus ganancias drásticamente.

Pese a ello, Uber insiste en mantenerse funcionando en el país y está dispuesto a dialogar con el Gobierno sobre una eventual regulación.

“La movilidad no es un tema de unos sectores, es una decisión que debe estar en manos de todo un país y no en manos de pocos. Por lo tanto, se debe escuchar y respetar la voz de los cientos de miles de usuarios de la plataforma”, dijo Andrés Echandi, gerente general de Uber para América Central.

Por otra parte, en la Asamblea Legislativa ya hay varias iniciativas tendientes a modificar la ley de transporte público.

Una de ellas es de Enrique Sánchez, diputado del PAC, y otra de Jonathan Prendas de Restauración Nacional.

Ambos legisladores consideran que la Asamblea Legislativa debería reformar las leyes actuales y que, por tanto, al Gobierno no le correspondería esa labor.

Incluso, a inicios de semana unos 29 legisladores firmaron una carta pidiéndole al mandatario que validara una moratoria a favor de los conductores de Uber, con el objetivo de que no fueran perseguidos por la policía de Tránsito, mientras se discute su legalidad.

La propuesta de Sánchez incluso le cobrará un 3% de impuestos a Uber.

“Hay un buen clima para avanzar y creo que hay conciencia de que es un tema que no se puede seguir postergando. Pienso, que se debería pensar en reducir los requisitos legales que crean ventajas de mercado injustificadas. Un tratamiento diferenciado solo es válido si trae más beneficios que costos. Por ejemplo, tanto taxistas como choferes de movilidad colaborativa deberían asistir un mismo número de veces a revisión técnica”, dijo Sánchez.

El acuerdo

El martes por la noche, el Gobierno dio a conocer su posición en torno a Uber. Su decisión dejó el debate inacabado.

• Se considera a Uber ilegal
• El sistema de transporte público, incluyendo la modalidad de taxis, requiere de un proceso de planificación integral
• La Ley sobre Transporte Público debe actualizarse a las nuevas tecnologías
• El Gobierno confía en la comisión mixta especial conformada con taxistas para llegar a una solución
• No se descarta que el Congreso tenga que legislar una nueva normativa

Fuente: Acuerdo del Consejo de Gobierno