Mano firme contra criminales reincidentes depende de los diputados

La mano firme que propone el presidente Rodrigo Chaves para acabar con “la alcahuetería” depende de los diputados.

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Y es que para evitar que los malhechores relacionados con el narcotráfico, crimen organizado o que hayan delinquido usando armas de fuego o blancas queden libres, se requiere la aprobación de una reforma al Código Penal.

Hace un mes, el presidente envió al Congreso la iniciativa, con el objetivo de evitar que personas peligrosas sean liberados hasta 20 veces, o bien, que sujetos con monitoreo electrónico anden cometiendo fechorías, tal y como ha sucedido.

“En mi gobierno, la policía ha hecho 168 mil detenciones y tan solo uno de cada 22 criminales violentos termina como indiciado; además, de 2 mil casos de decomiso de armas ilegales, solo 17 terminaron con una sanción, a la vez que se han dado casos en donde un juez, va en contra del criterio del Instituto Nacional de Criminología y de la fiscalía, y termina liberando a una persona peligrosa a la mitad de la sentencia. Entonces, la policía lo único que puede hacer es actuar preventivamente y en situación de flagrancia. El resto, está en el marco legal sobre la criminalidad y la actuación de los diputados y jueces”, dijo Chaves en una entrevista con este medio.

Para el año pasado, 1.829 personas que cometieron algún delito reincidieron, de acuerdo con las estadísticas del Ministerio de Justicia. Se trata de un 11,8% de la población penal.

“En este caso en particular, hablamos de una barrera legal para defender a Costa Rica ante la criminalidad, por lo que pedimos al apoyo a los diputados”, dijo Mario Zamora, nuevo ministro de Seguridad.

Sobre este tema, legisladores de varios partidos coinciden en la necesidad de hacer cambios en la legislación, pero niegan que el éxito que tenga el país sobre la seguridad dependa del Congreso.

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“Criminales con alto peligro para la sociedad no deben andar libres. Nuestra filosofía en la materia es ponernos del lado de las víctimas, no solo para que se logre la justicia pronta y cumplida, sino para que no haya una revictimización. En este sentido, estamos de acuerdo en políticas y medidas legislativas que impidan la revictimización y que la justicia sea verdadera y se aplique con todo el peso de la ley”, dijo David Segura de Nueva República.

Mientras tanto, Alejandro Pacheco, jefe de fracción de la Unidad, considera que la propuesta del gobierno debe ser analizada con lupa.

“Tenemos que revisar la legalidad de este proyecto. Estamos de acuerdo en limitar algunos beneficios. La diputada María Carballo presentó un plan para garantizar que una persona con beneficio regrese a la cárcel a cumplir su condena. Nosotros abogamos por un plan menos punitivo y que brinde posibilidades de reinserción. La fracción Unidad verá este tema con lupa y con el apoyo de especialistas todos los lunes”, finalizó Pacheco.

• Que no sea por delitos tramitados bajo el procedimiento especial de crimen organizado, ni delitos sexuales contra menores de edad, ni en delitos en que se hayan utilizado armas de fuego o armas blancas

• Prohibición aplica también para narcotráfico

• Delincuente sin antecedentes penales, es decir primario Libertad condicional • Con trabajo verificado

• Que el gestionante no haya incumplido anteriormente las condiciones del arresto domiciliario con monitoreo electrónico

• Beneficio se revoca si el liberado no cumple las condiciones fijadas por el Juez, incluyendo la localización permanente con mecanismo electrónico

• Beneficio está vedado para quienes estén siendo señalados por crimen organizado,delitos sexuales contra menores de edad y narcotráfico

• Tampoco aplicará para quienes hayan utilizado armas de fuego o armas blancas