Manejo de residuos sólidos es una bomba de tiempo, según expertos

Expertos en derecho municipal, competitividad y gestión de residuos advirtieron que Costa Rica enfrenta una bomba de tiempo en torno al manejo de los residuos sólidos.

Y es que, sin importar quién gane las próximas elecciones nacionales, el nuevo presidente de Costa Rica enfrentará una bomba de tiempo en materia de basura que explotaría en un máximo de 10 meses.

En el caso del Parque de Tecnología Ambiental Uruka, ubicado en San José, se cuenta con una vida útil de aproximadamente cuatro meses, proyectando su cierre para abril o mayo del 2026; mientras tanto, el Parque de Tecnología Ambiental Aczarrí, ubicado en Aserrí, cuenta con una vida útil de aproximadamente 10 meses, proyectando su cierre para setiembre del 2026.

Durante un conversatorio, realizado en Heredia y organizado por la Fundación Red Democrática se analizó el futuro de esta problemática.

En la actividad participaron Carlos Monge, experto en derecho municipal y exregidor del cantón de Heredia, Shirley Saborío, del Consejo para la Promoción de la Competitividad, así como dos candidaturas a la diputación por Heredia: Boris Ramírez de la Coalición Agenda Ciudadana, y Carlyn Ugalde de Unidos Podemos.

Carlos Monge cuestionó en su exposición que el decreto vigente viola la autonomía municipal, genera inestabilidad financiera y operativa en los gobiernos locales y deja en manos del Ministerio de Salud amplias potestades discrecionales que ponen en riesgo la continuidad del servicio de recolección y disposición final de la basura.

Desde la perspectiva de competitividad territorial, Shirley Saborío recordó que los datos del Índice de Competitividad Nacional muestran a Costa Rica con una gestión de residuos rezagada, donde la sostenibilidad es un componente crítico de la calidad de vida y de la competitividad cantonal. 

Saborío recalcó que una rectoría sanitaria responsable debe construirse en conjunto, con diálogo, acuerdos claros y apoyo técnico efectivo a las municipalidades, porque es imposible que puedan dar soluciones cada una por aparte sino que debe procurarse una acción regional conjunta.

El último índice presentado en el 2025 otorgó una calificación nacional de 48,7 en los indicadores de compromiso con la sostenibilidad, dato que en el 2021 alcanzaba una nota de 57.

Grave problema a heredar

Por su parte, el aspirante al Congreso por la Coalición Agenda Ciudadana, Boris Ramírez, dijo que la ministra de Salud, Mary Munive, está más preocupada por proteger al gobierno que por la salud pública.

"Esta gestión errática que ha tenido la ministra Mary Munive es el reflejo de esta situación. No es posible que se quiera, en una ley, darle a la rectoría sanitaria un rol más fuerte y más sólido, pero seguir empecinadamente con un decreto que le da potestades que no tiene y que debe compartir con el respeto constitucional de la autonomía de las municipalidades. Esta gestión errática lo único que quiere es que el pueblo de Costa Rica siga peleando, siga distorsionado y no les exija cuentas de todo lo que no han hecho", criticó Ramírez.

Por su parte, Carlyn Ugalde, candidata a diputada por Unidos Podemos, afirmó: "Definitivamente se tienen que tomar medidas, pero medidas bien analizadas y bien articuladas. Los centros municipales son los que tienen que actuar en eso. Tenemos que ver esto como una oportunidad: a la hora de crear un proyecto de ley debe darse también la opción de crear pymes, promover la reutilización adecuada de los residuos y generar oportunidades de trabajo para las comunidades."

El conversatorio cerró con un llamado a que el Ministerio de Salud deje la imposición y ejerza una rectoría basada en evidencia, coordinación interinstitucional y respeto a la autonomía municipal, mediante un plan nacional con metas obligatorias de reducción, reciclaje y valorización, respaldado con financiamiento para infraestructura como compostaje y plantas de clasificación, con énfasis en provincias como Heredia.

En ese sentido, Mary Munive, jerarca de Salud, señaló que desde el 2024 el Gobierno presentó un proyecto de ley al Congreso para atender el problema desde su raíz, dándole la rectoría del tema al Estado y así evitar que sean las municipalidades las que aprueben o rechacen los rellenos sanitarios en sus territorios.

Debido a la falta de decisión de los legisladores y la negativa de los gobiernos locales de tomar decisiones al respecto —porque nadie quiere ser, en esencia, el “cantón basurero” de la GAM— no se ha logrado una solución.

“Sin embargo, al llegar a la Asamblea Legislativa, el proyecto fue transformado en una versión que se aleja por completo de la solución que el país realmente necesita. Hoy se discuten alternativas que, lejos de resolver, profundizan el atraso”, dijo el Ministerio.