Ley contra fraude fiscal avanza al Plenario para votación final
Imagen con fines ilustrativos. Shutterstock/La República
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El proyecto contra el fraude fiscal quedó desde esta tarde listo para ser votado en primer debate por el Plenario.

La polémica normativa fue dictaminada hoy por la Comisión de Hacendarios, con el objetivo de darle al Gobierno nuevas herramientas para luchar contra la evasión, la elusión y el lavado de dinero de diversas actividades ilícitas.

Si todo sale como está previsto, la ley estará votada afirmativamente antes de finalizar septiembre y en principio, le permitiría al Gobierno aumentar la recaudación en un 0,5% del PIB.

La normativa le quitaría al Ministerio de Hacienda la potestad de decretar embargos administrativos y en su lugar, incorpora la figura de un juez que tendría hasta diez días para determinar el congelamiento de dinero y bienes inmuebles de un contribuyente moroso.

Sin embargo, como medida “provisionalísima” el juez podrá establecer una medida cautelar a favor de la administración tributaria, con la intención de evitar que los deudores trasladen sus bienes.

Asimismo, se crea un registro de accionistas con el nombre de los dueños de las empresas, que estará a disposición de Hacienda y el Instituto Costarricense contra las Drogas.

Para definir al beneficiario final, los diputados utilizaron como referencia la normativa interna de la OCDE, lo que le permitirá al Gobierno fiscalizar a los accionistas dentro de una sociedad anónima que tengan por encima de un 15%.

“Esta ley contempla los más altos estándares de transparencia internacional, en materia fiscal y de lucha contra el lavado y financiamiento del terrorismo y otras actividades ilícitas”, dijo Paulina Ramírez, diputada de Liberación Nacional.

Por otra parte, se excluyó a las sociedades que cotizan en el mercado de valores de entregar la información, dado que es pública y de conocimiento de la Sugef.

“El proyecto de lucha contra el fraude fiscal es parte fundamental de la propuesta de fortalecimiento hacendario que propuso el Ejecutivo, por ello, el dictamen de Comisión que se logra hoy resulta un avance importante”, dijo Sergio Alfaro, ministro de la Presidencia.

Mientras tanto, el sector sindical criticó el acuerdo legislativo, al considerar que las modificaciones de último momento en la ley, demostrarían que el Gobierno estaría dispuesto a revisar los pluses salariales de los empleados públicos, a cambio de un puñado de nuevas herramientas para reducir la evasión y la elusión.

La preocupación de los gremios de trabajadores, se debe a que la ley de empleo público limitaría incentivos como la disponibilidad, la restricción al ejercicio profesional y las anualidades, asimismo, establecería nuevas reglas para la negociación de convenciones colectivas.

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