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La relativa calma de Costa Rica, habitualmente identificado como paraíso de la estabilidad y la justicia social entre sus vecinos centroamericanos, se rompió hace más de dos semanas.
Desde el pasado 30 de septiembre, el país está envuelto en protestas ciudadanas y bloqueos de decenas de carreteras y puestos fronterizos estratégicos para el país en los que cada día participan entre cientos y miles de personas.
El desencadenante fue la intención del gobierno de negociar un préstamo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para enfrentar la crisis económica causada por la pandemia, pero que se traduciría en una subida de impuestos, entre otras medidas.
Y aunque el ejecutivo dio marcha atrás en sus planes y llamó al diálogo, las protestas continuaron.
De hecho, la tensión siguió en aumento en los enfrentamientos entre policía y manifestantes, con un balance -tras 15 días de movilizaciones- de más de un centenar de heridos y otras tantas personas detenidas.
La economía de Costa Rica atraviesa por uno de sus peores momentos de los últimos 40 años, con un déficit fiscal para este año que el gobierno prevé que sea cercano al 10% del Producto Interno Bruto.
La pandemia de covid-19 no hizo más que agudizar esta crisis en un país donde el turismo es uno de sus principales ingresos y que vio cómo el desempleo se disparó del 12% al 24% tras la llegada del coronavirus.
Ante esta situación, el gobierno dio a conocer a mediados de septiembre que estaba en negociaciones con el FMI para poder acceder a un préstamo de US$1.750 millones con el que estabilizar las finanzas del país.
Pero el acuerdo contemplaba medidas que desataron la indignación de parte de la población, como la venta de algunos activos estatales, la congelación de sueldos para los funcionarios y, especialmente, el aumento temporal de varios impuestos.
Así, desde finales de septiembre, en Costa Rica se han visto a diario imágenes poco habituales en el país como el bloqueo de algunos de los principales pasos fronterizos con Panamá, quema de vehículos o enfrentamientos con palos y gases lacrimógenos entre policía y manifestantes.
La tensión fue escalando hasta tal punto que el presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado, acabó anunciando el pasado 4 de octubre que no seguiría adelante con la propuesta inicial al FMI.
El mandatario dijo haber visto "con dolor" los focos de violencia en las calles y condenó los actos.
"Nada de eso tiene que ver con el ideal de paz de nuestra democracia (…) Los bloqueos que golpean a la gente, a la producción y ponen en riesgo vidas, deben de cesar ya", dijo en cadena nacional.
"Hago una convocatoria a los sectores que respaldan las vías institucionales para que abramos un diálogo nacional para resolver la emergencia económica que afronta el país. En ese diálogo me involucraré personalmente", agregó.
Este próximo sábado arrancará una mesa de diálogo conformada por varios sectores, pero a la que no fue invitada el grupo social Movimiento Rescate Nacional, principal promotor de las protestas
Sin embargo, pese a la marcha atrás dada por el gobierno, las protestas continuaron.
El Movimiento Rescate Nacional exigió para suspenderlas que el presidente se comprometa por escrito a que no acudirá al FMI en lo que resta de su mandato, que concluirá a mediados de 2022.
En un documento con 14 condiciones, la agrupación también exigió al ejecutivo no contemplar la venta de activos ni más impuestos indirectos, así como que no haya procesamientos penales ni sanciones contra los manifestantes.
Pero Alvarado rechazó las exigencias y dijo que no dialogará con este grupo hasta que ponga fin a los bloqueos.
Mientras, los disturbios alrededor de algunas movilizaciones aumentaron en los últimos días.
El pasado lunes, varias personas resultaron heridas durante una protesta frente a la Casa Presidencial, en San José, en la que se vieron volar incluso trozos de concreto.
La semana pasada, el excandidato presidencial y hasta entonces líder del Movimiento Rescate Nacional, José Miguel Corrales, pidió acabar con las protestas debido a la violencia originada en torno a ellas, de lo que responsabilizó a una supuesta infiltración de grupos delictivos en las manifestaciones.
"Pido perdón, en especial, a quienes han sido víctimas directas de la violencia desatada y a todos a los que han vivido días de zozobra y temor", afirmó en un video publicado el pasado jueves.
Otro de los principales dirigentes del movimiento, el exdiputado Célimo Guido, se desvinculó sin embargo de las declaraciones de Corrales y responsabilizó a las fuerzas de seguridad de la violencia por, según afirmó, infiltrar a agentes en sus manifestaciones.
Este martes, el ministro de Seguridad costarricense, Michael Soto, reconoció la presencia de policías vestidos de civil en las protestas del lunes después de que un agente fuera identificado entre la población gracias a un video difundido en redes sociales.
Sn embargo, Soto aseguró que se trataba de un policía antidrogas que tenía como misión identificar en la movilización a personas relacionadas con el narcotráfico, y negó que los policías camuflados fueran quienes provocaran los hechos violentos.
Pese a que el Movimiento Rescate Nacional pidió la dimisión de Soto por este motivo, el gobierno confía en poder solucionar esta profunda e inesperada crisis gracias al diálogo nacional que comienza este fin de semana.
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