Larga espera de pacientes por tratamientos innovadores

Victoria Brenes

Directora Ejecutiva de Fedefarma

Durante el 2023, la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) autorizó 55 fármacos, entre los que destacan tratamientos para la anemia, el control crónico del peso, enfermedades infecciosas como la Covid-19 y el VIH, afecciones neurológicas como la migraña, terapias para los ataques de asma, y trastornos cardiacos, entre otros. Sin embargo, pasarán más de 1199 días, es decir más de tres años, para que los pacientes en Costa Rica puedan tener acceso a estos fármacos, de acuerdo con un estudio publicado recientemente por FIFARMA, denominado W.A.I.T Indicator.

El tiempo promedio de espera desde la aprobación de la FDA hasta la disponibilidad efectiva para los pacientes latinoamericanos, oscila entre 1,9 y más de 4,5 años, de acuerdo con este mismo estudio.

La inclusión de nuevos tratamientos para tratar el cáncer o enfermedades huérfanas en los países de nuestra región tarda años. A esto se suma que los plazos de actualización de las listas oficiales de medicamentos no están definidos, situación que abre una gran brecha entre los pacientes y una mejor calidad de vida y, posiblemente, mayor longevidad.

En nuestros países existen Listas Oficiales de Medicamentos (LOM) gestionadas por las autoridades sanitarias y cuya revisión y actualización total no tiene un tiempo definido, otra razón por la que la población deba esperar mucho tiempo por el acceso a los tratamientos innovadores.

Un esquema que permita la inclusión, exclusión y modificación de medicamentos en la LOM podría reducir la judicialización de la salud; es decir, que los pacientes acudan a órganos de justicia para hacer valer su derecho a la salud. En no pocas ocasiones, las sentencias de estos procesos obligan a las autoridades a realizar compras inmediatas de medicamentos, lo cual tiene implicaciones en los precios a los cuales se adquiere un producto y, por ende, en el presupuesto que se destina para este fin.

La innovación es una constante en la industria farmacéutica que cada vez se acerca más a los tratamientos personalizados según el perfil genético de los pacientes, y la seguridad social debería aprovechar dicha innovación en beneficio de los pacientes. En Costa Rica, por ejemplo, la Caja Costarricense del Seguro Social ha hecho algunas revisiones de renglones específicos; sin embargo, no se realiza una actualización completa de la lista desde el año 2015. La situación es similar en Panamá y Guatemala; solo República Dominicana hizo una actualización recientemente.

La Organización Mundial de la Salud cuenta con una lista de referencia que se actualiza cada dos años por un Comité de Expertos, entre los que destacan académicos, investigadores, médicos y farmacéuticos con la idea de que se promueva el acceso equitativo a medicamentos esenciales. Mantener listas actualizadas de las principales terapias que necesita un país es crucial para lograr el objetivo de salud para todos de forma sostenible.

Lamentablemente estamos lejos de esa perspectiva. El FIFARMA W.A.I.T Indicator destaca que de 228 medicamentos aprobados por la EMA y la FDA en los últimos años, solo 130 tienen aprobación regulatoria en algún país de América Latina, y de éstos solo 86 están disponibles ampliamente en al menos uno de los países analizados.

Minimizar esta brecha requiere un esfuerzo colaborativo entre las autoridades de salud, pacientes, médicos e industria farmacéutica, con el fin de que se puedan mejorar esos tiempos y que los avances médicos puedan estar al alcance de todos en tiempos más cortos.

Hoy existen nuevas alternativas mediante las cuales se puede tener acceso a medicamentos innovadores. Algunos países han implementado con éxito los Acuerdos de Entrada Gestionada (MEA´s) que son esquemas donde se da prioridad a la eficacia y valor del medicamento por encima del precio, ya que un tratamiento más moderno y eficiente proporciona mejora calidad de vida y sobrevida al paciente, y brinda ahorros a mediano y largo plazo a la institución, ya que reduce la cantidad de atenciones médicas y tratamientos concomitantes. Costa Rica y Panamá están dando sus primeros pasos en adoptar esos esquemas.

Las leyes de compras públicas deben garantizar la imparcialidad y transparencia, pero también deben ser ágiles en beneficio de los pacientes y de los sistemas de salud en general.