Miguel Angel Rodríguez

Miguel Angel Rodríguez

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Lunes 26 Mayo, 2014

La disyuntiva es clara: mantener el sacrificio a los consumidores pobres o cambiar la regulación arrocera para aprovechar las mejores tecnologías


La segunda revolución verde

Entre 1940 y 1970 se dio en Estados Unidos la revolución verde, encabezada por Norman Ernest Borlaug, que la introdujo en México en 1943 y en Asia en 1961, y es considerado el padre de la agricultura moderna.
Con nuevas variedades de maíz, trigo y arroz resistentes a plagas y con cambios en las prácticas de cultivo se obtuvieron cosechas de dos a cinco veces mayores a las tradicionales, lo que permitió menores precios y mayor acceso a los alimentos. Gracias a estos avances en el cultivo de los granos se estima que salvaron sus vidas de la inanición más de 100 millones de personas, y hay quienes estiman que puede hablarse incluso de 1.000 millones de seres humanos que no murieron de hambre.
En India los rendimientos del arroz en la década de 1960 eran de cerca de dos toneladas por hectárea y a mediados de la década de 1990 —con las nuevas variedades y prácticas de cultivo— se había elevado a seis toneladas por hectárea. El costo que había sido de unos $550 por tonelada en la década de 1970 bajó a principios de este siglo a menos de $200.
Claro después con los aumentos de los alimentos en la segunda mitad de la década pasada esos precios subieron, volvieron a bajar y ahora están en unos $380 por tonelada y a la baja.
Pues bien, estamos viviendo una segunda revolución verde, sobre todo en arroz.
Esta vez los cambios tecnológicos favorecen de manera especial a los pequeños productores. Ahora no se trata de variar tipos de arroz de tallos largos a otros con tallos cortos capaces de soportar un peso mucho mayor del grano sin doblarse y más adaptados a la mecanización.
Se trata de variedades ya desarrolladas que sobreviven a las inundaciones, y que se están cultivando en deltas de ríos asiáticos. Además se están investigando semillas resistentes a la sequía, a muy altas temperaturas y a la salinidad, que podrían sembrarse en terrenos muy áridos. Esto tendría un efecto extraordinariamente beneficioso para agricultores pobres con tierras de inferior calidad y para consumidores de pocos recursos.
Esta es buena noticia para personas pobres que dependen importantemente del arroz para su alimentación. ¿Lo será también para los pobres de Costa Rica?
No, si no se cambian las reglas que protegen la producción nacional, en la que unos 100 finqueros cosechan el 70% y que determinan un alto sobreprecio para los consumidores costarricenses.
Un estudio de hace un año del Instituto de Investigaciones Económicas de la UCR para el MEIC concluyó que “…La fijación de precios del arroz no está contribuyendo con objetivos de política importantes como el aumento de la productividad y el mejoramiento de las condiciones de acceso por los consumidores… No se identifican argumentos económicos o sociales para justificar el actual sistema de fijación de precios del arroz, ya que muchos productores reciben menores precios al fijado; Los consumidores, especialmente los de menores ingresos pagan precios muy por encima de los internacionales; La productividad se mantiene estancada y hacia la baja…”.
La disyuntiva es clara: mantener el sacrificio a los consumidores pobres o cambiar la regulación arrocera para aprovechar las mejores tecnologías.
 

Miguel Ángel Rodríguez