No es una huelga contra el Gobierno, es por el estómago de los educadores y el de sus familias

Pizarrón

La huelga de los educadores es justa

La Constitución Política consagra el derecho de organización sindical a los trabajadores con el fin de obtener y conservar beneficios económicos, sociales y profesionales.
Los educadores como grupo de trabajadores tienen el legítimo derecho de organización sindical o gremial.
Sus organizaciones sindicales más importantes, entre otras, son el Sindicato de Educadores Costarricenses, la Asociación Nacional de Educadores, la Asociación Nacional de Profesores de Segunda Enseñanza, el Sindicato de Trabajadores de Comedores Escolares, los sindicatos de las Universidades, de Costa Rica, SINDEU, de la Nacional, SITUN, del Tecnológico, SITEC y el de la UNED. Junto a ellos hay asociaciones gremiales de educadores y trabajadores de la educación. Algunas de estas organizaciones tienen más de 40 años de existencia.
A ellas se les debe en mucho el bienestar de los trabajadores de la educación, de sus condiciones dignas y decorosas de trabajo, sus salarios y hasta parte de las condiciones de estudio de los niños y jóvenes en sus manos, que han sido también preocupación de sus luchas.
La Constitución Política establece el derecho a salario mínimo de fijación periódica, por jornada normal, que procure bienestar y existencia digna. El salario será siempre igual para trabajo igual en idénticas condiciones.
El salario no puede discriminarse o aventajarse en las mismas condiciones de trabajo.
A casi 15 mil trabajadores de la educación nacional no se les pagan salarios desde hace varios meses. La lucha que llevan a cabo es absolutamente justa.
A ellos se les discrimina en relación con los que sí los han recibido, cuando se pretende que trabajen sin salario con los que sí lo reciben. Se les deterioran su bienestar y existencia digna. Se les obliga a contraer obligaciones, para hacer frente a sus necesidades urgentes, pagando intereses onerosos a cuenta de un no pago del Gobierno en su perjuicio.
Cuando el Gobierno les sobregira equivocadamente les cobra intereses sobre ese pago, y cuando el Gobierno no paga, no les reconoce los mismos intereses, lo que debe reclamarse en este movimiento de protesta y lucha.
Las huelgas están consagradas como un derecho constitucional. Los derechos son para ejercerse aun cuando estén regulados.
La Constitución Política y el Código de Trabajo prohíben las huelgas en los servicios públicos, sin que esté definido expresamente el sector educativo como servicio público, como se establecen otros sectores de la economía y la producción.
Hay una situación que es de la realidad. Los trabajadores van a la huelga cuando se les violan sus derechos y garantías sociales, sus salarios y jornadas, se incumplen las convenciones colectivas o cuando luchan por obtener mejores condiciones de trabajo, de bienestar y de salarios, todo amparado a la Constitución.
Las huelgas son fácticas, más que de Derecho. Son el resultado desesperado de los trabajadores por reclamar lo que les corresponde, como en este caso del magisterio.
Es justa y válida la huelga en defensa de estos casi 15 mil educadores, aunque fuera solo uno, porque en ese estaría comprendida la defensa de todos los derechos de los educadores.
No es una huelga contra el Gobierno, es por el estómago de los educadores y el de sus familias.
La solidaridad con los educadores es necesaria, justa y urgente.

Vladimir de la Cruz

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