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El viejo modelo que ponía de espaldas al desarrollo y la protección a la naturaleza es cosa del pasado que no debería prevalecer en ningún lugar del país

La gestión ambiental en los ayuntamientos

Las últimas acciones y datos del Tribunal Ambiental (TA) dan cuenta de que nuevos expedientes se han abierto sobre perjuicios al ambiente en la Península de Osa, lamentablemente.
Las invasiones a las zonas de protección son viejos y frescos daños que con el tiempo han acabado en Puntarenas, por ejemplo, con cerca de 5 mil hectáreas de manglares, algunos de los cuales hoy están a punto de desaparecer.
La acción del TA ha permitido detectar a algunos usurpadores e intentar detener el grave deterioro, pero se necesita la acción conjunta de esta entidad con el gobierno local y la comunidad para hacer lo que corresponde a fin de salvar lo que queda de los recursos naturales de esa zona, así como del resto del país.
Solo en algunos lugares donde la entidad ambiental había intervenido anteriormente, las cosas mejoraron un poco. A esto, en parte, pareciera haber contribuido el hecho de que ahora el TA y la municipalidad de esa localidad caminan juntos en vez de chocar u obstaculizarse.
La única vía que puede transitar Costa Rica hoy es aquella donde el desarrollo vaya totalmente de la mano con la protección a la naturaleza. El viejo modelo que ponía a estos dos factores dándose la espalda son cosa del pasado pero no todos los actores parecen conscientes de esto.
Y esta vía no es imposible, todo lo contrario, está ya demostrado que da buenos frutos. Lo demuestran innumerables publicaciones de este medio en las que los empresarios hablan de la exitosa ruta de la sostenibilidad y lo evidencian también las noticias continuas sobre la marca país que ha logrado Costa Rica en el mundo como destino turístico ecológico.
Sin embargo, de manera incomprensible, parece que la mayoría de las municipalidades no cuentan con departamento de gestión ambiental. Debería ser este, el ayuntamiento, que es quien tiene más cerca, bajo su mirada, los diferentes lugares de su municipio, el que detecte cualquier transgresión a las leyes e intervenga en colaboración con el Tribunal Ambiental.
Las comunidades del país, que deberían ser los principales vigilantes de que se utilice de manera sostenible la riqueza natural, tendrían que poder contar con esos departamentos de gestión ambiental en sus ayuntamientos, dispuestos siempre a escuchar e investigar sus denuncias o planteamientos para abordarlos en conjunto con el TA y con cualquier otra institución o entidad pública o privada que corresponda.
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