Leiner Vargas

Leiner Vargas

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Martes 24 Abril, 2018

Reflexiones

La encrucijada fiscal

En muchas ocasiones lo he dicho en mis columnas, la sociedad y el Estado costarricense han sido muy exitosos en las reformas económicas que han hecho de las exportaciones y los servicios el eje central del crecimiento económico del país. Sin embargo, hemos de reconocer que se han quedado rezagados el modelo de Estado y la dinámica de la gestión de las políticas públicas para modernizar las instituciones y adaptarlas a los requerimientos de este siglo XXI. Las instituciones públicas, con muy pocas excepciones, no han sabido adaptarse a los nuevos tiempos, por lo que han crecido en burocracia, centralismo y se ha reducido la efectividad y eficacia de sus respuestas al ciudadano. El resultado de todo ello es una creciente molestia e indignación de la ciudadanía para con los excesos o privilegios existentes en la esfera de lo público y una crítica creciente al despilfarro, la corrupción y la opacidad de las autoridades públicas.

El Estado costarricense ha venido intentando fabricar nuevo chocolate con cada vez menos cacao. La receta ha sido más deuda pública y un encarecimiento del país, vía el control cambiario y una política monetaria claramente errada. Estas dos recetas para mantener la estabilidad chocan contra la realidad evidente e inminente de los tiempos, cuando los factores externos de bonanza económica y estabilidad de precios se han alterado, los costos de producción en el país son altos y la economía no puede reactivarse para crecer a tasas superiores al 3,5% por año, como consecuencia, se agravan el desempleo y la exclusión y se fomenta la informalidad. La realidad es que el ajuste fiscal, propuesto por la administración Solís Rivera, ya no es suficiente para enfrentar los desafíos del nuevo entorno económico y se requieren, medidas urgentes cuyo impacto será claramente regresivo para la sociedad. Empero, este ajuste será muy amargo y de no tomarse a tiempo, en tiempo y lugar, tendremos peores consecuencias.



Tal como lo he dicho en otros momentos, el país ha sido poco efectivo en reducir la pobreza y el desempleo, tenemos más de un 20% de nuestras familias vulnerable a caer en pobreza, por lo que de no tomarse medidas pronto para corregir los desequilibrios, podríamos llegar a tener un aumento grotesco en los indicadores de pobreza y pobreza extrema y alterar, drásticamente, los indicadores de desigualdad económica, ya de por sí, muy venidos a menos en las últimas décadas. La situación económica del país se encuentra entonces, en una nueva encrucijada, apuntalar una reforma fiscal dura y cuyos efectos políticos serán nada fáciles de explicar y asumir, o manejar una reforma fiscal para afrontar la coyuntura, apostando a que las condiciones externas no se agraven y que el país pueda saltar, con garrocha, la difícil coyuntura internacional que lo tiene casi al filo de la navaja.

La reforma fiscal propuesta hasta la fecha, hace énfasis en el ajuste de los ingresos más que en materia de gastos. Los cambios del impuesto de ventas al impuesto al valor agregado y un ajuste del impuesto sobre la renta, ponen nuevas cargas a los salarios y a las rentas de capital que dolerán mucho ante la ya deteriorada situación de la clase media y trabajadora del país. A lo anterior, se suman medidas administrativas tendientes a mejorar la recaudación y corregir situaciones históricas de exclusión tributaria de muchos sectores, claros pasajeros gratis de la sociedad y la economía costarricense por muchos años. Empero, el ajuste del lado de los gastos carece de medidas sustantivas y el avance en rendición de cuentas y efectividad del Estado apenas se asoma, por lo que Estado sigue padeciendo de un excesivo centralismo, alta burocracia y falta de rendición de cuentas efectiva al ciudadano.

Así las cosas, la reforma fiscal propuesta profundizaría la desigualdad económica, generaría un efecto regresivo en la sociedad y dejaría, prácticamente intacto el modelo de gestión pública venido a menos en las últimas décadas. Poco o muy poco tardará en volver a desatarse el problema si no apostamos por una reforma profunda del sistema público, que mantenga la prioridad de lo social, pero que modernice la forma y el contenido de la acción pública. Sin más productividad desde lo público, el país estará condenado a la bancarrota económica.

En esta encrucijada ya no tenemos tiempo para debatir más, las reformas económicas ya no pueden esperar a más deliberaciones políticas. Si empezamos de nuevo a modificar y ajustar las propuestas fiscales, vamos a caer en el debate de siempre, nadie quiere más impuestos y mucho menos si le afectan directamente su bolsillo. Sindicatos y empresarios se opondrán de nuevo a cualquier cambio en los tributos, mientras que las reformas en beneficios salariales serán lentas y muy poco efectivas en el corto plazo, de no plantearse de forma concertada y racional para futuros empleados del sector gobierno. Corre el reloj de nuevo y los desafíos son evidentes, no se puede tapar el sol con un dedo, estamos claramente al filo de la navaja.

El no pasar el ajuste fiscal tendrá consecuencias muy fuertes en las finanzas públicas y tendremos ajustes en el tipo de cambio, la inflación y los niveles de las tasas de interés, todo lo anterior por supuesto, aumentará el desempleo y la informalidad. El hacerlo a tiempo, significará manifestaciones, conflictos e inestabilidad social en este primer año del nuevo gobierno. Así las cosas, la encrucijada fiscal tendrá consecuencias en una u otra vía, espero como ciudadano ocupado de estos temas, que la clase política sepa entender el desafío y no prefiera la cómoda posición de, dejar hacer y dejar pasar. Al final del día la credibilidad del sistema político puede verse ampliamente alterada de no actuarse, con dignidad y eficacia, sobre el problema más importante a enfrentar en los próximos meses, el desbalance fiscal.

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