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    La cuestión política en Costa Rica

    La cuestión política en Costa Rica

    En ningún caso se produjeron negociaciones entre partidos políticos, que hubiesen sido legitimadas por los órganos competentes de estos partidos.

    Alberto Salom Echeverría
    Por Alberto Salom Echeverría Dic 07, 2021
    Alberto Salom Echeverría
    Dr. Alberto Salom Echeverría
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    HISTORIA.

    (Decimocuarta entrega)

    El presente artículo está dedicado al examen del actual gobierno del presidente Carlos Alvarado y las complejas circunstancias en medio de las cuales ha debido desenvolverse.

    El presidente electo anunció un “Gobierno Nacional”, con el objeto de tomar de una manera más solvente las decisiones que eran necesarias para enfrentar la difícil situación política, social y económica. En mi concepto no hubo “Gobierno Nacional”, si por ello se entiende un gabinete que sea el producto de negociaciones entre las principales fuerzas políticas en presencia, que se ponen de acuerdo en acciones programáticas consensuadas y convergentes para ser cumplimentadas en un ejercicio de gobierno.

    En ningún caso se produjeron negociaciones entre partidos políticos, que hubiesen sido legitimadas por los órganos competentes de estos partidos. Hubo negociaciones en algún caso con personalidades del PUSC, conversaciones en otros con dirigentes del PLN, pero siempre con personalidades o dirigentes relevantes, que no contaron con el refrendo respectivo de sus organizaciones políticas. En parte porque quedaron fracturadas después de las elecciones de la primera ronda, respecto de a quién darle su apoyo en el balotaje. Esto no se debe entender en modo alguno como una desacreditación de los acuerdos logrados, sino como una acotación a los alcances de estos. Capítulo aparte merece el caso de la exministra de la Condición de la Mujer, Patricia Mora Castellanos, quien sí parece haber recibido autorización de su órgano de dirección (el del FA), para asumir el cargo de ministra.

    Según mi criterio la alianza con el sector del PUSC que lideraba el excandidato Rodolfo Piza, constituyó un factor importante para que Carlos Alvarado pudiese captar al votante socialcristiano. Pero, junto a ello, las alusiones peyorativas de Rony Chaves en contra de imágenes veneradas por el catolicismo, en particular la imagen de la Virgen de Los Ángeles provocó una estampida de estos electores hacia el PAC. Aún más, como el votante de convicción católica está distribuido entre los diferentes partidos políticos, este hecho le enajenó a Fabricio apoyos de las más diversas denominaciones partidarias. No es ocioso señalar, para una comprensión cabal de este fenómeno, que Rony Chaves fungía por entonces como el “pastor de pastores” de Costa Rica, superior de los predicadores de su secta religiosa, entre los cuales estaba, el excandidato presidencial del Partido “Restauración Nacional”, Fabricio Alvarado.

    Para gobernar, debo remembrarlo ahora, el PAC cooptó al gabinete dirigentes políticos del PUSC, del PLN y del FA. Esto provocó que, aunque se trataba de personalidades que no estaban formalmente representando a sus respectivos partidos políticos, el PAC cediera mucho terreno sobre todo frente a propuestas socialcristianas de política económica orientadas a establecer restricciones al gasto público e impuestos insuficientemente progresivos. El diseño del “Plan de Fortalecimiento de las Finanzas públicas” o ley #9635, que fue publicada en el alcance de la gaceta el 4 de diciembre del 2018, al alcance #202, constó de cuatro componentes a saber: reformas a la ley de Impuesto sobre la Renta, se creó el Impuesto al Valor Agregado y un ajuste a los salarios y otros beneficios de los funcionarios públicos. También fue creada una regla de responsabilidad fiscal. (Cfr.www2.deloitte.com/cr/es/pages/tax/articles/ley-9635-fortalecimiento-de-las-finanzas-públicas.html).

    Antes de analizar resultados positivos y negativos que ha tenido la aplicación de la ley, debo señalar la situación de volatilidad e inestabilidad de la coyuntura político-económica en medio de la cual debió desenvolverse esta administración. Lo primero es que el sistema político, se ha tornado altamente inestable. El Poder Ejecutivo en esta administración ha experimentado uno de los más altos desmembramientos en su gabinete; probablemente a ello contribuyó la composición original de este, conformada de manera importante por personalidades que pertenecían a otros partidos políticos, pero que llegaron a formar parte del gabinete del PAC sin contar con una debida representación de las respectivas organizaciones a las que pertenecían. Además, a lo anterior se suma lo acontecido en el Poder Legislativo, en el cual se ha tornado un hecho frecuente la ruptura de fracciones legislativas (v.gr. Restauración Nacional), o también el abandono por parte de representantes legislativos de las fracciones en las que resultaron elegidos, para convertirse en representantes aislados. Así, la propia Asamblea Legislativa se ha transformado en una fuente de mayor inestabilidad. A lo anterior hay que agregar la escasa representación parlamentaria que el electorado le concedió al PAC en el congreso.

    Otro factor que no puede escapar al análisis es el estallido de la pandemia del SARS-COV 2. Esta virulenta enfermedad por sí sola tuvo un fuerte impacto en la economía de todos los países en el mundo. Lo particular en una economía tan desigual como la nuestra es que el flagelo azotó con mayor saña a los hogares más pobres y desfavorecidos. La Ley 9635 entró en vigor hasta el 1 de julio del 2019, dos años después requeriría una severa modificación que permitiera amortiguar el impacto que las restricciones impuestas han provocado en los sectores medios de la población y en los grupos de trabajadores pobres. Datos que ofreceré más adelante me permiten llegar a la conclusión anterior.

    En tercer lugar, cualquier investigador que someta a examen riguroso la economía del país, no puede dejar de lado la circunstancia monumental que representa el enorme déficit fiscal, asimismo una deuda que se ha más que duplicado en los últimos once años con respecto al PIB, haciendo que el crecimiento de la economía se haya ralentizado.

    II. Resultados positivos de la gestión Alvarado Quesada. En el tercer trimestre del 2021, el PIB alcanzó el nivel que tenía antes del estallido de la pandemia. (Cfr. Cubero Brealey, Rodrigo. “Coyuntura y Perspectivas de la Economía”. La Nación, 18 de noviembre, 2021. P.27). La proyección de crecimiento de la economía para el final de este año, según datos del Banco Central actualizados arroja un 5.4% y para el 2022 se proyecta un 4.5%. El índice de empleo por rama de actividad a mayo del 2021 comparativamente con el de abril del 2020 mostró un crecimiento en la mayoría de las ramas de actividad tales como: finanzas y seguros, comunicación y otros, construcción, comercio y reparación, manufactura, transporte, profesionales, Hoteles y Restaurantes. En cambio, se mantiene rezagado todavía el índice de empleo del 2021 respecto del 2020 en: Enseñanza y salud y en Agricultura. Se encuentra todavía mínimamente atrás respecto del año anterior el índice de empleo en Administración Pública. (Cfr. PEN 2021. Jiménez Fontana, 2021. INEC hasta junio del 2021. Datos proporcionados por el periodista Álvaro Murillo para el Semanario Universidad.) Asimismo, la pobreza retrocedió en el 2021 (23%) respecto del 2020 (26.2%), aunque todavía no llega a igualar los niveles prepandemia del 2019 (20%). De acuerdo con los datos del Banco Central, el gobierno logró en setiembre un superávit primario (sin intereses) del 0,3% del PIB, en claro contraste con el déficit del 2.6% que arrojaron los datos un año antes. Aunque, el ministro de Hacienda calculó que en diciembre el déficit primario sería menor al 0.9% del PIB. (El economista de la UNA, Carlos Conejo, lo atribuye a la aplicación de la regla fiscal en particular a la mayor recaudación fiscal derivada de la nueva ley del valor agregado. Cfr. La Nación, 19 de noviembre, 2021.P.21). Lo anterior muestra que la contracción del gasto primario fue calificada por el presidente del Banco Central como producto de una “…enorme austeridad que ha ido más allá de lo que exige la regla fiscal.” (artículo citado LN). Esta aseveración es controversial, ya que si por un lado fue gracias a una alta recaudación fiscal (buen rendimiento de las reformas tributarias), por el lado de los gastos, tiene que ver con un gran recorte en los salarios que, como se dijo antes, ha golpeado grandemente a sectores medios y bajos de la población. Aunque en el último período el país enfrentó un repunte de la inflación, esta se ha mantenido relativamente baja; según Cubero nuevamente, es una de las más bajas en el ámbito mundial. Se estima que cerrará el período con un 3% y se desacelerará en el 2022.

    II. Resultados negativos. Los logros alcanzados en materia de política económica y social podrían revertirse, en la medida en que no se logre corregir el rumbo pernicioso hacia la desigualdad social que conoce nuestro país desde hace no menos de dos décadas. Ha habido altibajos episódicos, pero la tendencia ha sido al ensanchamiento de las brechas entre clases sociales, regionales (urbana y rural) y de géneros. Igualmente, si no se logra concertar una forma de desarrollo sostenible, que logre revertir la tendencia hacia la mayor pobreza en las regiones marginales como son fundamentalmente la región Chorotega, la Huetar Caribe y la Brunca, en la mayoría de los casos con rostro de mujer. La situación en general, y no solo en este gobierno, fue descrita en el último informe del “Estado de La Nación” de la siguiente manera: “El país está embarcado en un acelerado proceso de construcción de un riesgo de proporciones históricas: que durante estos años se produzcan regresiones, más o menos permanentes, en los logros históricos de Costa Rica en desarrollo humano, debido a la falta de propuestas frente a la ampliación de las ya profundas desigualdades económicas y sociales prepandémicas (sic), el debilitamiento de su Estado de Bienestar y de las políticas de sostenibilidad ambiental.” (op.cit. PEN, 2021).

    En efecto, el informe confirma que en el período que transcurrió entre el 2020 y el primer semestre del presente año, como lo cita la periodista Angela Ávalos, “…la pandemia profundizó las brechas territoriales, de género, educativas, de edad o tecnológicas ya existentes, y empujó hacia una sociedad más desigual:” (Cfr. Ávalos R, Ángela. “Desigualdad se profundizó en la pandemia y llegaría a extremos ´irreversibles´”. La Nación 18 de noviembre, 2021. P.11). La pregunta que formulo es si el diseño de las políticas públicas de la actual administración, especialmente menciono la ley #9635 de “Fortalecimiento de las Finanzas Públicas” y sumado a ella la que fue presentada al Congreso de La República por el gobierno actual bajo el expediente #21.336 denominada “Ley de Empleo Público”, toma suficientemente en cuenta la extrema situación de desigualdad que carcome a la sociedad costarricense desde las últimas décadas del siglo XX y lo que va del actual. Lo que se ha constatado por ahora en el informe de la PEN, es que la pandemia impactó desigualmente a las clases sociales de la sociedad costarricense, lógicamente afectando más a los más vulnerables. Pero, además se postula en el mencionado informe que las políticas públicas para la recuperación diseñadas para abatir la crisis económica y social están siendo igualmente desiguales. Sin embargo, es interesante acotar que, según la PEN, los indicadores no reportan un aumento significativo en la distribución de los ingresos entre los diferentes sectores, por lo que están incidiendo más en el ensanchamiento de las brechas, la falta de oportunidad de los sectores vulnerables en lo social, valga decir acceso a educación y salud de calidad, recreación, así como a los bienes de la cultura. No obstante, algo que sí ha profundizado las brechas entre los grupos sociales, ha sido el desempleo y la contracción de la producción. (citado por Ávalos, con base en el estudio de la PEN. LN, 18.11.2021 P.11).

    El informe de la PEN revela, que los grupos sociales que están vinculados a empleos poco calificados y con bajo nivel educativo han sido los más afectados por la crisis, en el siguiente orden: los pequeños propietarios, fueron afectados en un 78%; trabajadores no calificados y obreros industriales, se vieron perjudicados por igual en un porcentaje del 46%. En cambio, los profesionales y medianos empresarios salieron perjudicados apenas en un 26%. Es interesante sin embargo que, los trabajadores con ingresos medios fueron los que experimentaron una mayor caída de sus ingresos mensuales; entre el año 2019 y 2020 sus salarios cayeron en términos reales en un 12.5%. Mientras tanto, los trabajadores de los hogares más pobres encontraron como mitigar el impacto de la crisis recibiendo ayudas estatales, siempre y cuando las finanzas de las entidades estatales no fueran afectadas por una nueva ola de crisis. Por otro lado, las regiones más afectadas por la pandemia, en las que casi la mitad de los hogares, no ajustaban alimentarse con lo indispensable durante el 2020 fueron, las del Pacífico Central, Huetar Norte y Chorotega. (Informe del Estado de la Nación 2021). De acuerdo con datos del INEC, acopiados en los últimos tres años de pandemia (2019,2020 y 2021), se muestra que las regiones Brunca, Huetar Caribe y Norte, son regiones en las que la pobreza de los hogares tiene una tendencia persistente al alza; mientras tanto, todas las demás regiones, valga decir Pacífico Central, Chorotega y Central se vieron impactadas por las políticas públicas experimentando un retroceso de la pobreza y pobreza extrema en consonancia con lo acontecido en el promedio del país. (Cfr. INEC, Encuesta Nacional de Hogares -ENAHO- 2021).

    Por lo dicho, estamos en capacidad de afirmar que, las políticas públicas encaminadas a fortalecer el Estado de Bienestar y la gestión ambiental, sufren una escasez de financiamiento; por lo que se concluye que desde hace décadas los problemas de la sociedad costarricense, son de naturaleza estructural y se han creado al menos dos sociedades en un solo país; una de ellas especialmente, la rural posee un aparato productivo desarticulado de la capacidad para generar empleos de calidad; de tal manera que, en la otra sociedad, la urbana se han concentrado todos los beneficios de las políticas orientadas a producir desarrollo. Subrayo ahora que, en el otro extremo ocurre todo lo contrario: se profundiza el subdesarrollo, sobresaliendo en mayor medida el flagelo de la pobreza y pobreza extrema. Ambas polaridades tienen, no obstante, algo en común: están azotadas por una creciente desigualdad, aunque la brecha entre ricos y pobres, hombres y mujeres y entre regiones urbana rural, es más ancha en las regiones donde los recursos y la riqueza están más concentrados.

    Por lo que conozco, estoy seguro de que el PAC tiene gran capital humano, para afrontar este enorme desafío retomando un camino propio, inclusivo, integral, humano, que acometa el desarrollo con sostenibilidad capaz de superar ese dualismo estructural que se ha venido creando desde hace décadas atrás. Me preocupa mucho en la mayoría de los programas que he leído, que otros partidos políticos, con mayor responsabilidad que el propio PAC de haber profundizado el subdesarrollo, la ruta de las desigualdades y exclusividades, la corrupción, el déficit fiscal y el endeudamiento que del mismo se desprende, ni siquiera están arañando el problema y no atinan por lo tanto a plantear una solución estructural. En algunos de ellos también hay, desde luego, capital humano para afrontar los desafíos, por lo que se impone un gobierno que, habiendo adoptado un programa con justicia y equidad, por el humanismo y la sostenibilidad, integral e integrador sea capaz de adoptar como método permanente el diálogo, la transparencia y la rendición de cuentas.

    Alberto Salom Echeverría /albertolsalom@gmail.com

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