La “crisis” fiscal del presente gobierno
Emilio Bruce ebjreproduccion@gmail.com | Viernes 11 agosto, 2017
Sinceramente
La “crisis” fiscal del presente gobierno
Un buen día de estos el señor presidente de Costa Rica llegó a la televisión y en un mensaje de dramática seriedad señaló que el gobierno estaba pasando una grave crisis de liquidez y que estaba por decreto estableciendo un orden de precedencia en los pagos gubernamentales.
Que el presupuesto del periodo 2018 tendría un crecimiento cero. No anunció, sin embargo, el envío de un presupuesto extraordinario para reducir el nivel actual de gasto en lo que resta de este periodo fiscal.
Costa Rica ha venido renqueando en lo fiscal desde la administración del presidente Abel Pacheco. Al concluir su gobierno el déficit fiscal era en exceso del 1,73% del PIB. Don Óscar Arias Sánchez transformó en dos períodos fiscales ese déficit en superávit y redujo la deuda pública.
Cuando sobrevino la crisis económica en los países desarrollados en 2007, se generó una caída del ingreso fiscal, un problema de desempleo y las medidas anticíclicas adoptadas por el gobierno Arias generaron un déficit que se ha sostenido hasta el presente. Durante la administración de doña Laura Chinchilla, a pesar de los esfuerzos por aprobar una legislación tributaria y de haber sido votado un proyecto de ley en primer debate, la Sala Constitucional declaró vicios en el procedimiento legislativo de aprobación anulando el esfuerzo. En la presente administración pocos esfuerzos sin liderazgo presidencial se han visto.
El déficit ha venido creciendo de manera importante y ha superado los límites del 6% del producto interno bruto. Tal déficit es insostenible. Su permanencia va a generar presión de los medios internos de pago sobre el valor externo de la moneda, acelerando la devaluación.
Claro está, generará mayor inflación, que es el impuesto más injusto sobre los más débiles, sobre los que viven de los salarios fijos, sobre quienes viven de un alquiler, para quienes subsisten con una limitada pensión. Todo esto es de conocimiento del presidente y de su ministro de Hacienda.
Ahorrar en centavos desarrolla la disciplina de ahorrar sumas grandes. Nuestra población sobreendeudada en dólares y con las tarjetas de crédito al tope está mal preparada para enfrentar una gran devaluación, una gran inflación y un desempleo más grave como consecuencia de un fenómeno de ajuste.
Miles de costarricenses han comprado carro y apartamento en dólares y probablemente no podrán pagarlos a futuro. Los bancos se llenarán con seguridad de bienes dados en “dación de pago” y el sistema financiero vivirá una seria crisis de liquidez. El presidente y sus ministros saben de estas consecuencias.
Desperdició el país tiempos ideales para ajustar su economía. Eran tiempos en los que la inflación era mínima, reflejo de los precios bajos del petróleo y de unos intereses tan bajos como no los había habido en seis o siete décadas. Estos últimos tres años han sido lamentables en ese plano de inacción.
Con frecuencia se escucha que no han hecho mucho porque los problemas eran heredados de otros gobiernos. ¡Qué disparate! Todo gobierno enfrenta problemas y da soluciones a las dificultades generadas o bien no resueltas por sus antecesores. ¿Si no para qué gobierno nuevo?
Todos los gobiernos heredan a quienes les suceden problemas y dificultades sin haber sido resueltas. Desde don Juan de Cavallón viene sucediendo eso y este gobierno no será la excepción. No es excusa dejar de resolver las dificultades por haberse estas originado en gobiernos anteriores.
Para resolver un problema hacendario como el de Costa Rica el país deberá enfrentar un rediseño de la arquitectura del Estado y de su gasto. Costa Rica deberá modificar el automaticismo en el crecimiento de las erogaciones.
Costa Rica deberá enfocar con precisión sobre los disparadores del gasto para resolver sobre ellos. No parece sensato que las instituciones de gobierno y las autónomas gasten en planilla mucho más que en el desarrollo de los programas que están llamadas a desarrollar.
No parece razonable que el sector público, desde la finalización del gobierno Chinchilla Miranda, haya aumentado la planilla en 39.386 funcionarios de acuerdo con el INEC. Pluses, intereses de la deuda pública, anualidades, salarios excesivos de la alta burocracia, pensiones de lujo, todos deben de abordarse y resolverse.
Para atender un problema hacendario como el que vivimos, muchos de los gastos y los niveles de empleo público que tenemos ahora resultan insostenibles, deberán ser revisados detenidamente. De igual manera, la fusión de instituciones y la desaparición de programas que ya no resultan útiles a la sociedad deberá emprenderse.
La arquitectura del sistema tributario deberá asimismo variarse de manera muy racional. El país y el mundo cambiaron, nuestros impuestos deberán cambiar.
Una cosa me resulta clara, que lo que vivimos no es simplemente un problema de liquidez. Esos problemas son reflejo de otras dificultades económicas y fiscales. La solución a los problemas de liquidez es mucho más sencilla que la solución a los problemas fiscales. Costa Rica ha tomado deuda en grandes cantidades y así ha logrado financiar cerca del 50% de sus presupuestos.
Este mecanismo plenamente ilegal, pero legalizado por sentencia de la Sala Constitucional, ha llevado al país a deber ya una suma de cerca del 50% del producto interno bruto. Muchos países europeos y americanos tienen deuda más alta, pero pagar intereses por gastos que se hicieron humo, no es la mejor administración de país que conozca. Deuda para financiar inversión que se paga a sí misma es razonable, deuda para pagar salarios altos, desperdicio y pensiones de lujo no tiene sentido.
Así las cosas, la arquitectura del gasto mismo debe de ser analizada y vicios insostenibles como este de financiar el gasto hasta en un 47% o 50% deben de ser corregidos. Hay que establecer previsiones constitucionales que impidan que prácticas erradas de esta naturaleza, niveles de déficit y mecanismos de financiamiento como los que hemos vivido así como las proporciones saludables de deuda pública sobre el PIB se observen.
Lástima que en estos últimos tres años no se generó el proceso de negociación, de consenso y de acuerdo nacional para reducir el gasto, corregir la arquitectura de Estado, modernizar sus presupuestos, controlar los disparadores del gasto, ajustar los impuestos y definir topes de deuda pública. El presidente debe ser más prudente y las versiones del problema fiscal debería de conciliarlas con su ministro.
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