La aritmética de las finanzas públicas

Gerardo Corrales gcorralesbrenes@gmail.com | Lunes 14 mayo, 2018

La aritmética de las finanzas públicas

Toda mi vida profesional y académica, la he vivido entre números y he aprendido que con el manejo de ellos, su entendimiento y la solución de los problemas se facilitan y es posible convencer a muchas personas sobre la conveniencia de determinadas acciones.

Siendo que nuestro problema económico de discusión nacional es el déficit fiscal del gobierno, me parece importante contribuir en esa línea compartiendo algunos números del mismo.

El valor anual de la producción de bienes y servicios (PIB) del país se aproxima a los $60 mil millones. Los economistas usan este dato como referencia para comparar cifras en términos relativos.

De esa manera, y según el Informe reciente de la Contraloría General de la República, durante 2017, el tamaño del déficit del Gobierno central fue del 6,6% del PIB.

Esto equivale a $3.960 millones, es decir, que los gastos anuales corrientes del gobierno, incluyendo el pago de intereses de su deuda, superan a los ingresos totales anuales en dicha suma.

El déficit total se divide a su vez, en dos componentes, el déficit primario, entendido como la diferencia de ingresos anuales totales del Gobierno central y sus gastos corrientes en bienes y servicios antes del pago de intereses. Esta suma equivale al 3,5% del PIB al cierre de 2017, es decir, aproximadamente $2.100 millones anuales.

El nuevo Presidente ha dicho en su discurso que pretende en su administración reducir este rubro, excluyendo los gastos de inversión o pública, a cero, o sea la tarea es muy significativa, lo cual lo lleva a aumentar la recaudación fiscal, pero necesariamente debe entrarle con propuestas serias de contención del gasto.

El componente de pago de intereses de la deuda del Gobierno central, durante 2017, equivale al 3,1% del PIB, o sea $1.860 millones.
A la suma del déficit primario más el secundario, se le conoce como el déficit financiero y equivale a los $3.960 millones o un 6,6% del PIB ya indicados.

Solo como referencia, Argentina tiene superávit primario y su déficit financiero equivale al 3,9% del PIB.

El nivel de deuda del Gobierno central alcanzó la suma de casi el 50% del PIB, es decir, cerca de $30 mil millones y se compone de un 60% en colones, así como de un 79% en deuda interna.

Si ahora analizamos la estructura o composición de los ingresos y gastos totales del gobierno, para entender el origen de los fondos y su aplicación, nos encontramos con lo siguiente.

Los ingresos totales anuales del Gobierno central durante 2017, alcanzaron una cifra del 14,52% del PIB, esto es, cerca de $8.712 millones y los principales componentes incluyen: impuesto de renta o utilidades 4,78%; impuesto de ventas 4,45%; impuesto de importaciones 0,55%; impuesto de exportaciones 0,02%; impuesto de consumo 0,75%; otros tributos 2,90%; contribuciones sociales 0,22%; otros ingresos no tributarios 0,22%; ingresos de capital o financieros 0,02% y transferencias 0,61%.

En cuanto a los gastos totales anuales del Gobierno central durante 2017, alcanzaron la cifra del 21,1% del PIB, es decir, cerca de $1.2660 millones, que incluyen: salarios 7,01%; transferencias y pensiones 7,91%; intereses 3,13%; gastos de capital o infraestructura 1,99%; compras de bienes y servicios 0,66% y pérdidas por el cierre del Banco Crédito Agrícola y otros menores, 0,4%.

La versión anterior del proyecto de Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas genera un rendimiento o recaudación adicional por la transformación del impuesto de ventas en uno de valor agregado equivalente al 0,9% del PIB y las reformas del impuesto de renta dan un 0,5%, es decir, el 1,4% del PIB.

Para lograr el objetivo del Presidente, es evidente que hay que atacar la parte del gasto, al menos para lograr un punto adicional del PIB.
Para ello, sin duda deben tomarse de inmediato estas acciones, como sugerencia o recomendación:

a- Desligar los gastos de destinos específicos al comportamiento de los ingresos. Para ello debe aprobarse la reforma constitucional de regla fiscal para darle rango superior a la Ley de Presupuesto Público a las leyes específicas ordinarias.

b- No es posible poder seguir financiando con deuda los gastos corrientes u ordinarios.

c- Debe renegociarse la deuda interna con los entes públicos descentralizados y entidades públicas financieras, para alegar los plazos de vencimiento y esquemas de amortización

d- Es necesaria una reforma del Estado a consciencia, pues evidentemente hay duplicaciones o triplicaciones de funciones y evaluar la conveniencia de vender algunas entidades públicas innecesarias, ahora que tienen valor, para amortizar deudas y que no nos pase más, la testarudez de no hacerlo a tiempo como ocurrió con el Banco Crédito Agrícola.

El proyecto CERRAR de don Ottón Solís es una buena base de referencia. Extraña que el presidente Alvarado no mencione este proyecto de su mentor

e- Debe haber una reforma integral del Servicio Civil para poder tener calificaciones de puestos racionales para evitar que dos mismas posiciones tengan remuneraciones diferentes o que posiciones de rango inferior, por los pluses o beneficios, ganen mucho más que sus superiores. No puede ser posible, que, según datos de la Caja de Seguro Social, el salario promedio en el Gobierno central sea de 1,2 millones cuando en el sector privado si acaso llega a 0,5 millones; no existe ninguna relación entre productividad y remuneración y esto debe terminarse de una vez por todas

f- La medición de ejecutoria para optar a las anualidades debe ser de muy buena hacia arriba. No es posible que se haya bajado este concepto a una calificación de bueno, eso es promover la mediocridad en el servicio público.

g- Me tomé la libertad de hacer un mero cálculo financiero, tal que si los salarios totales y las transferencias, en un acuerdo con los sindicatos, para evitar medidas más drásticas, se ajustarán solo por inflación en un periodo finito de emergencia de cinco años, al final de este periodo, se habrá obtenido una reducción del 1,4% y el 1,5% del PIB por cada concepto.

h- Sin duda, hay que mocionar para cerrar portillos de evasión, elusión, corrupción, contrabando y acciones poco éticas de algunos empresarios, como las encontradas en los Panamá Papers.

Si no existe el carácter, convicción, entereza ni visión para tomar algunas de estas medidas, como decimos en Paraíso, el último que salga del país que apague la luz. Para verdades el tiempo.

La aritmética de las finanzas públicas

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