Inocuidad Alimentaria estadounidense reta a exportadores ticos

Estados Unidos aprobó en 2016 una serie de reformas a su Ley de Inocuidad Alimentaria, la cual impone controles más estrictos que retan a los exportadores agrícolas nacionales para ingresar a ese mercado.

La gran cantidad de proveedores con los que cuenta el país norteamericano obligó a aumentar los estándares de ingreso para beneficiar al consumidor y evitar anomalías con alimentos contaminados, vencidos o de dudosa procedencia.

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Las reformas se enfocan en cuatro ejes de acción: prevención, inspección de buenas prácticas; cumplimiento y respuesta hacia las normativas de salubridad alimentaria y mejoras en la red de distribución.

También será obligatorio que las compañías que planeen venderle a ese país cuenten con un funcionario que audite e informe sobre la aplicación de dichas políticas.

A raíz de eso, el Ministerio de Agricultura, en conjunto con el de Economía, Industria y Comercio y empresas privadas, capacitan a productores nacionales para prepararse antes de que todas las reformas sean de carácter obligatorio.

“Iniciamos las capacitaciones en mayo y han tenido mucho éxito, quienes están inmersos ya son capaces de supervisar un plan de inocuidad alimentaria, hacer controles preventivos, llevar registros de producción, entre otras cosas”, expresó Pedro Sánchez, del Sistema Fitosanitario del Estado.

Los agricultores que deseen participar en este proceso de aprendizaje deberán invertir entre $600 y $700, sin embargo, las autoridades buscan la manera de hacerlo más asequible.

Cuando se comercialicen productos perecederos o de alto riesgo, será necesario un permiso especial, también la ley tendrá la potestad de negar la entrada a los bienes que no se adapten a sus normas de calidad.

La comida para consumo animal también deberá cumplir estos mandatos.

Desde mayo anterior rige la primera de las reformas: el Programa de Verificación de Proveedores Extranjeros (FSVP en inglés) que busca que los importadores implementen y cumplan con las medidas sanitarias requeridas.

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“Los controles de prevención de anomalías, tanto para alimentos de consumo humano como animal, deberán estar en setiembre y la reforma final de seguridad que incluirá los permisos para productos de alto riesgo dos meses después”, aportó Enrique Ulloa, del departamento de Inteligencia Comercial de Procomer.

Las grandes empresas serán las primeras que deben cumplir con estas disposiciones, posteriormente los negocios con menos de 500 colaboradores y ventas anuales inferiores a $1 millón.

“Vemos estas reformas como una oportunidad para fortalecer el sistema agrícola costarricense, los productores han estado pendientes de los cambios pero no visualizamos que vayamos a incumplir con el mercado de allá”, declaró Juan Rafael Lizano, presidente de la Cámara de Agricultura y Agroindustria.

Estados Unidos sigue siendo el principal comprador de bienes agrícolas nacionales; durante 2016 adquirió más de 140 productos a 451 empresas, por un valor superior a $1,2 mil millones, es decir un 47% de lo exportado en este rubro.