Informalidad le cuesta ¢639 mil millones a la Caja

Cada año la informalidad laboral le quita unos ¢639 mil millones a la seguridad social del país, específicamente al régimen de salud y al de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), debido a que dicho modelo de empleabilidad no tributa ni cumple con las responsabilidades fiscales.

En promedio, un trabajador informal debe hacer un aporte de entre un 12% y un 26% de su salario, respectivamente si es dependiente o independiente, por lo que si toma como referencia un salario mínimo de ¢293 mil, se llega a esa cifra de evasión.

Reducir la cantidad de empleos informales daría un respiro a estos regímenes, porque se amplía la base de contribuyentes y se tendrían más recursos para hacer frente a estos gastos, que según proyecciones serían sostenibles hasta 2024.

Además, si cae el número de empleos cobijados bajo este modelo, también lo harían las responsabilidades que tienen los trabajadores formales, quienes financian la jubilación de casi 1,5 millones de empleados y que desde mitad de año deben aportar un 0,5% más de su salario para este fin.

Al cierre de junio, la tasa de informalidad alcanzó el 44,2%, de esta manera hay casi 1 millón de costarricenses ocupados en este tipo de trabajos, según el Instituto de Estadística y Censos.

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El crecimiento en actividades remuneradas no oficiales también se refleja en el desempleo, pues cayó un punto porcentual y se colocó en el 8,5%, la cifra más baja desde 2010.

Ante esta reducción, el panorama es agridulce pues gran parte del repunte proviene de la informalidad.

"A mayor grado de formalización en una economía, mayores serán las oportunidades para el mejoramiento de los estándares laborales y de producción; con ello el Estado costarricense tendrá más margen para fortalecer la institucionalidad que da soporte al sistema de seguridad social y a la lucha contra la pobreza", aportó Franco Pacheco, presidente de la Unión de Cámaras del sector privado.

Diversas instituciones proponen medidas para mitigar la evasión, entre ellas la reducción y simplificación de trámites para formar un negocio, que podría ser el detonante para que los empresarios opten por la informalidad.

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Por otra parte, se plantea la implementación de un sistema de monotributo, el cual crearía una agencia recaudadora única que cobraría los gravámenes (como impuestos sobre la renta, aporte a la Caja y los regímenes de pensiones), que se encargue de repartir el aporte correspondiente a cada institución.

También resalta la inclusión de un plan piloto para permitir el aseguramiento de los trabajadores basado en el tiempo real laborado y no por mínimos establecidos en la ley.

“Creemos que es imperativa la definición de políticas públicas y acciones que busquen reducir la informalidad, porque es una población económicamente activa muy grande que actualmente no cotiza y el país no puede seguir perdiendo ese aporte”, comentó Juan Manuel Cordero, defensor adjunto de los habitantes.

Además de la informalidad, reducir la inequidad de género y las brechas regionales son otros retos en materia laboral que el país enfrenta.

En cifras

En el país hay más de 918 mil trabajadores informales, clasificados en dependientes e independientes, estas son las cifras que ambos grupos no están consignando (para estos cálculos se tomó como base un sueldo mínimo de ¢293 mil).

• Los empleados dependientes aportan un 26% de su salario