Incentivos para el fortalecimiento del sistema de pensiones

De lo que se trata es crear un circulo virtuoso que fomente la productividad y el empleo formal y que, todo ello, pueda traducirse en el fortalecimiento de los regímenes de salud y de pensiones

Incentivos para el fortalecimiento del sistema de pensiones

Yanni Sterloff*

Alrededor de 600 mil trabajadores costarricenses, de un total de alrededor de 2 millones, no cotizan para la seguridad social. De estos, poco más de 203 mil tienen un negocio o actividad propia y algo menos de 218 mil, trabajan como empleados. 250 mil trabajadores ganan menos de un salario mínimo. Más de 430 mil laboran para empresas de entre una y tres personas. Estas situaciones apuntan a un problema de productividad, por lo que la sola fiscalización y la represión de los infractores, podría traducirse, más bien, en destrucción de empleo.

La valoración que realizan los agentes económicos del costo beneficio del cumplimiento regulatorio, y sus consecuentes decisiones, explica, en gran medida, la informalidad laboral cuando los costos de respetar el marco jurídico impuesto por el Estado, supera los beneficios.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) ha señalado, como causa de la informalidad laboral en Costa Rica, los altos costos laborales no salariales.

La crisis de nuestro principal y más importante régimen de pensiones se debe, fundamentalmente, a los cambios demográficos que hemos sufrido. Las mujeres costarricenses actualmente procrean un promedio de 1,8 hijos (menor a los 2,1 hijos que se requieren para reponer la población), mientras, en 1960, eran seis hijos por mujer. Todos esos niños, y los que nacieron después, son ahora personas mayores o en proceso de envejecimiento que deben ser soportadas, en términos relativos, por menos jóvenes trabajadores aportantes, el fondo existente y los rendimientos que se generan producto de su inversión en el mercado financiero, de acuerdo al diseño de beneficios del régimen y las características vitales del colectivo.

Además, paradójicamente, la mayor esperanza de vida que hemos orgullosamente logrado a través de la seguridad social, ha obrado en contra del IVM al requerirse más recursos para pagar las pensiones durante más tiempo. Pasamos en Costa Rica de una esperanza de vida al nacer de poco más de 60 años en 1960, a una de más de 80 en la actualidad.

Son datos sencillos de entender, pero se requiere que sean explicados para que el sistema no pierda credibilidad, lo cual es esencial para que sobreviva.

Ya habíamos indicado, en otro artículo, que, típicamente, los equilibrios en un régimen de beneficio definido de capitalización colectiva, como es el IVM administrado por la CCSS, se logra por tres vías: una disminución en los beneficios (edad, montos de las pensiones o sus revalorizaciones); el aumento en las cotizaciones, o combinaciones de las dos anteriores. Dependiendo de su magnitud, estos ajustes pueden afectar negativamente el mercado laboral, profundizando la informalidad e incentivando los recortes de personal por el aumento en los costos por las empresas, sea, mayor desempleo y desprotección social. A esto deben agregarse las grandes amenazas que se vislumbran para los sistemas de la seguridad social, tal como actualmente los conocemos, producto de la acelerada automatización y robotización de los procesos productivos.

Dado lo anterior, además de las mejoras en la gestión del fondo que siempre son posibles, deben valorarse otras medidas sistemáticas, alternativas o complementarias a las típicas ya citadas, para lograr los equilibrios que el IVM requiere, a través de su capitalización y una mayor formalización de trabajadores jóvenes que alleguen recursos frescos al régimen. Así, por ejemplo, la venta de alguna de las empresas estatales (finalmente propiedad de todos los costarricenses) para destinar los recursos obtenidos al fortalecimiento del régimen; impuestos (según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, la defraudación fiscal ronda en Costa Rica el 9% del PIB), empréstitos de largo plazo, incentivos a las parejas jóvenes para que tengan más hijos, políticas migratorias que favorezcan la llegada e integración al mercado laboral formal de jóvenes capacitados, y la mejora educativa para desarrollar las capacidades técnicas de los trabajadores y la innovación (más y mejor empleo remunerado).

Algunos países han optado por realizar reformas estructurales a sus sistemas impositivos mediante la redistribución de impuestos y cargas no salariales de los trabajadores y empleadores.

Por lo anterior, interesa analizar brevemente la reforma tributaria llevada a cabo por Colombia en  2012, país donde la informalidad se situaba entre el 50% y el 60% del total de ocupados, llegando, en las zonas rurales, hasta un 90% (Steiner-Forero, 2015).

En Colombia, los costos no salariales (CNS), entendidos como los gastos adicionales a las remuneraciones salariales, alcanzaban el 60% del sueldo de un empleado formal. Una parte de estos CNS representaba un beneficio directo para los trabajadores: pensiones; primas; participación de los trabajadores de las utilidades de las empresas; ahorro cotizado por el empleador en caso de cesantía de los trabajadores, entre otros. La otra parte de los CNS estaba constituida por impuestos puros al salario, destinados al financiamiento de entidades públicas como el Instituto de Bienestar Familiar (ICBF), el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) y las Cajas de Compensación Familiar.

La reforma que implementó Colombia consistió en una reducción del 13,5% en los CNS, a través de la eliminación de las contribuciones al SENA y al ICBF, así como de la disminución de las contribuciones de salud del patrono. Todo ello, focalizado en los trabajadores que devengan menos de diez salarios mínimos. Colateralmente, se redujo el impuesto sobre la renta de las empresas del 33% al 25%.

La desfinanciación de las entidades públicas, producto de la eliminación de las contribuciones parafiscales y la disminución de impuestos, se solventó con la creación de un tributo a las utilidades de las empresas del 9%, acompañado de una serie de cambios al sistema tributario colombiano, de manera que el impacto de la reforma, en términos del balance del Gobierno, fuese nulo.

Según simulaciones realizadas (Fedesarrollo, 2015), la reforma podría generar una migración de 215 mil trabajadores del sector informal al formal, migración concentrada, en más de un 90%, en los trabajadores no calificados, así como un incremento permanente de 150 mil trabajadores en la capacidad de absorción del sector formal de la economía.

De lo que se trata es crear un circulo virtuoso que fomente la productividad y el empleo formal y que, todo ello, pueda traducirse en el fortalecimiento de los regímenes de salud y de pensiones.

El informe de la UCR sobre el IVM se dio a conocer en una época preelectoral. Se corre el riesgo de que la discusión, fundamental para el país, se ideologice o que responda a los intereses de los grupos que pujan por el poder político, mediante propuestas destinadas al “mercado” electoral para “comprar” votos que, en el mejor de los casos, pecan de poca o ninguna rigurosidad técnica.

Tratándose de pensiones, no han existido ni existen soluciones ni fórmulas mágicas. Los sistemas han sido analizados y estudiados por expertos de todas las latitudes, durante muchos años.

Lo que requerimos es una gran dosis de pragmatismo para hallar soluciones que puedan garantizarnos, a largo plazo y de forma sostenida, la paz social y el mejor bienestar posible de todos los costarricenses. Los de hoy y de los que aún no han nacido.

(*) El autor es abogado con una maestría profesional en Economía (énfasis en banca y mercado de capitales) y una maestría en Administración de los Sistemas de la Seguridad Social