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Derechos de los niños están por encima de maestros para Ministro

Huelga en sector educativo debería ser prohibida, según el MEP

Reclamo ante Organización Internacional del Trabajo sería presentado por sindicatos

Esteban Arrieta earrieta@larepublica.net | Jueves 28 marzo, 2019


mora
Édgar Mora, ministro de educación. Archivo/La República


Los maestros no deberían tener el derecho de irse a huelga, según Édgar Mora, ministro de Educación, quien pidió a los legisladores designar al sector educación como un servicio esencial.

La suspensión indefinida de clases deriva en el cierre de comedores escolares y afecta el derecho a la educación que tienen los niños.

Lea más: Empresarios demandan claridad sobre legalidad de huelgas

Si se declara como un servicio esencial, las protestas serían ilegales automáticamente, sin necesidad de que un tribunal de trabajo lo determine.

Los maestros que desafíen la ley, se castigarían con el rebajo de los días no laborados, e incluso con el despido.

“El derecho de la huelga debe analizarse tomando en cuenta el derecho superior que el MEP defiende, que es el de los infantes a recibir educación. El Ministerio apoya iniciativas que eviten situaciones que trunquen el curso lectivo”, dijo Mora en una comisión.

Lea más: Alonso Elizondo: “Ley de empleo público podría generar una huelga como la del año pasado”

Para el ministro la definición sobre la legalidad de una huelga debe ser ágil.

La iniciativa evitaría que se repitan movimientos de protesta como el del año pasado, cuando los educadores estuvieron 86 días en paro.

Las bancadas del PLN, el PUSC, el PAC y ahora el gobierno de Carlos Alvarado, apoyan un proyecto de ley que estudian los diputados para definir una nueva lista de servicios esenciales.

La propuesta es rechazada por el sector sindical, al considerar que se trata de una mordaza.

Existe preocupación entre los líderes gremiales, porque el Magisterio Nacional es uno de los sindicatos más fuertes del país —con más de 70 mil miembros—.

En pocas semanas se empezará a conocer una ley de empleo público, que unificaría los regímenes salariales en uno solo, cortando de esta forma el gasto en salarios.

Para oponerse al plan de servicios esenciales, los sindicatos ya trabajan en una denuncia ante la Organización Internacional del Trabajo.


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