Hijos de exdiputados ya no heredarían pensiones vitalicias
“Está claro, que los beneficios de pensión no pueden ser de por vida para hijos e hijas, porque eso es insostenible”, dijo Sandra Piszk, diputada de Liberación Nacional. Gerson Vargas/La República
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Las pensiones millonarias de 224 exdiputados y sus hijos serían reducidas drásticamente, como parte de un gran acuerdo legislativo para contener el gasto público.
Pero lo más importante, es que ya no podrán ser heredadas de por vida a sus familiares, como sucede actualmente.
En vez de eso, los beneficios solo podrán extenderse hasta que los beneficiarios cumplan 25 años y se mantengan estudiando.
Asimismo, si contraen matrimonio estarían perdiendo la jubilación heredada temporalmente.

La única excepción se daría a los hijos de excongresistas con alguna discapacidad.

En estos momentos, de las 224 pensiones vigentes de excongresistas, unas 132 corresponden a una sucesión; es decir, que se trasladaron de por vida a un hijo o hija del diputado difunto.

“Los beneficios de pensión no pueden ser de por vida para hijos cuyos padres tenían pensión del Régimen de Hacienda. Es necesario definir parámetros legales para su caducidad, al igual que ya existen para los otros regímenes especiales, de lo contrario, el Estado seguiría derogando más recursos públicos de manera indefinida y perpetua desconociendo la desigualdad anotada por la Sala Constitucional”, dijo Sandra Piszk, diputada de Liberación Nacional y proponente del proyecto.

En caso de aprobarse el proyecto, el ahorro sería significativo, ya que, solo este año se tiene previsto un gasto superior a los ¢14 mil millones, de acuerdo con el Ministerio de Trabajo.
Las pensiones más altas por este régimen especial ascienden a unos ¢8 millones al mes.

Otro de los cambios al régimen de pensiones de los exdiputados en caso de aprobarse, incluiría la eliminación de un aumento automático anual de un 30% y se sustituiría con un incremento dictado por el costo de vida, asimismo, se pondrá un tope máximo de ¢2,5 millones al mes para cada una de las jubilaciones.

Aunque el objetivo de los diputados es contener el gasto público, existen dudas sobre la legalidad del proyecto, ya que las pensiones actuales podrían considerarse como un derecho adquirido, por lo que la intención de eliminarlas, o reducirlas, será sujeto de un eventual reclamo ante la Sala IV.

La propuesta ocupa el primer lugar de la agenda legislativa y es fruto de un acuerdo político entre todos los partidos, para allanar el debate fiscal para contener el gasto público.

En esa lista de proyectos, también hay otros planes relacionados con las pensiones.

Uno de ellos, establece un monto máximo de jubilación de ¢3,5 millones al mes, asimismo, se limitará el aumento del estipendio a los ajustes por inflación cada seis meses

Para este año, el Estado invertirá unos ¢149 mil millones de su presupuesto para pagar las pensiones con cargo al presupuesto.

Si no se hace nada para resolver este tema, al cabo de 15 años, el gasto se habrá duplicado.


 

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