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Miércoles 28 Mayo, 2014

El sector pesquero comercial se comprometió en una Declaratoria Voluntaria de Principios


Hacia un ordenamiento pesquero

El 29 de mayo pasado el Gobierno firmó un decreto que promueve la zonificación en la Zona Económica Exclusiva (ZEE) como base para el desarrollo del primer plan de ordenamiento pesquero nacional.
Esta es una respuesta a la degradación ambiental, pesquera, económica y social de los recursos y las poblaciones costeras nacionales, donde a lo largo de los últimos diez años es evidente la reducción del 50% de las capturas de la pesca comercial, de un 85% en la abundancia relativa de las poblaciones de interés turístico, así como los conflictos en el uso del recurso entre los diferentes sectores de pesca.
El decreto fue impulsado tras la presentación por parte de la Federación Costarricense de Pesca (FECOP) de una propuesta para el desarrollo alternativo de la pesquería en la ZEE, que fue apoyada por el sector artesanal de pequeña, media y avanzada escala y que busca sentar las bases para el ordenamiento pesquero nacional, en contraposición al libre y desordenado acceso de los recursos pesqueros que ha venido tolerándose durante los últimos 50 años.
El ordenamiento pesquero no es la única herramienta para controlar la actividad pesquera y reducir la merma de las pesquerías. Según la FAO, ese ordenamiento es un proceso integrado de recopilación de información, análisis, planificación, consulta y toma de decisiones, así como la imposición de reglamentos que rijan las actividades pesqueras asegurando la productividad.
Es prioritario adoptar un marco normativo, jurídico e institucional que incluya medidas para la conservación y el uso responsable a largo plazo de los recursos pesqueros.
En este sentido, el Decreto Ejecutivo establece un periodo de seis años para la recopilación de información, análisis, definición de políticas y reglamentos que permitan los ajustes necesarios al plan de ordenamiento pesquero resultante.
Las medidas de conservación y ordenamiento que se pretenden, deben basarse en los datos científicos más fidedignos disponibles para promover la utilización óptima de los recursos y mantener su disponibilidad para las generaciones actuales y futuras. Las medidas deberán ir orientadas al menos a:
1. evitar el exceso de captura y del esfuerzo pesquero, asegurando que el aprovechamiento de los recursos marinos sea económicamente viable;
2. asegurar que en las pesquerías operen incentivos, regulaciones y condiciones económicas que promuevan la pesca responsable;
3. tener en cuenta los intereses de los pescadores de todos los sectores hoy en pugna;
4. preservar la biodiversidad de los ecosistemas acuáticos y proteger las especies en peligro, amenazadas y aquellas de interés turístico;
5. evaluar el impacto ambiental negativo sobre los recursos pesqueros provocado por la actividad humana para buscar soluciones; y
6. reducir al mínimo la contaminación, los descartes, las capturas por artes de pesca abandonados y las capturas de especies que no son objeto de la pesca.
Las metas de este ordenamiento deben ser biológicas, ecológicas, económicas, sociales y culturales, lo que implicará tomar medidas para regular las artes de pesca, generar restricciones espaciales temporales y promover un control del esfuerzo pesquero.
Atendiendo a estos principios el sector pesquero comercial se comprometió en una Declaratoria Voluntaria de Principios, para implementar prácticas de pesca responsable. Este compromiso es un primer paso para asegurar que nuestro país recupere sus recursos pesqueros, hasta hoy abiertos al libre acceso sin control, con las consecuencias de todos conocidas.
Lograr esto, sería una muy buena forma de celebrar el Día Mundial de los Océanos (8 de junio) con compromisos sólidos asumidos por el país.


Enrique Ramírez Guier

Director ejecutivo FECOP