Gravar a Zonas Francas impactaría fuertemente el empleo y la competitividad del país, según empresarios

En vez de impulsar propuestas que ahuyenten la inversión, el gobierno debería proteger el empleo y la competitividad.

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Con estas palabras, la Asociación de Empresas de Zonas Francas de Costa Rica (Azofras) se refirió a la posibilidad de que las empresas bajo este régimen tengan que pagar tributos.

En días pasados, Nogui Acosta, ministro de Hacienda, aseveró en un programa de radio que era necesario revisar las exoneraciones.

Este martes, el funcionario aclaró a LA REPÚBLICA que el país está obligado a revisar los beneficios, en el contexto de la aplicación del impuesto mínimo global, a la vez que admitió que un eventual tributo para beneficio de la Hacienda Pública dependería del cumplimiento de la exigencia internacional y la defensa de la competitividad del país. Acosta también aseveró que “el sistema de cédula y territorial que tenemos actualmente es inequitativo e injusto”.

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“En estos momentos, el país necesita propuestas que fomenten el crecimiento de la economía, el fortalecimiento del empleo, la estabilidad económica de las personas, el fomento de la inversión. Crear impuestos va en la línea contraria”, aseguró Carlos Wong, presidente de Azofras

Adicionalmente, Azofras coincide con el Ministro de Hacienda en la necesidad de preparar al país en lo referente al impuesto mínimo global, por lo que ofrecieron compartir perspectivas y trabajar en conjunto desde ya, de manera que la propuesta de adaptación de incentivos que se requiere sea lo más sólida posible.

A mediados del 2023, más de 130 países suscribieron un acuerdo para establecer las bases e implementar políticas que permitan paliar los efectos nocivos en la recaudación fiscal de los esquemas de exoneración de impuestos sobre las operaciones de grupos multinacionales.

Uno de los pilares de este acuerdo, se resume con la implementación de un impuesto mínimo global del 15%, que deberá calcularse sobre los rendimientos consolidados de un grupo multinacional; para ello se deben tomar en cuenta los beneficios económicos obtenidos en todas las jurisdicciones donde exista una operación, siempre que se obtengan ingresos superiores a los $800 millones.