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Gerardo Corrales: Límite en las tasas de interés hace que la gente caiga en los préstamos gota a gota

Narcotraficantes y otros grupos criminales amplían ganancias con extorsión y amenazas de muerte

Esteban Arrieta earrieta@larepublica.net | Martes 05 marzo, 2024 10:13 a. m.


Gerardo Corrales, economista de Economía Hoy. Cortesía/La República
Gerardo Corrales, economista de Economía Hoy. Cortesía/La República


El crecimiento de los préstamos gota a gota en el país tiene como origen la ley de usura, según Gerardo Corrales, economista de Economía Hoy.

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La práctica, asociada con cobros extorsivos y deudas sin fin, está relacionada con grupos criminales y narcotraficantes que extienden sus operaciones y ganancias por este medio, a la vez que buscan lavar algo de su dinero.

“Definitivamente no solo aquí, sino también en Colombia, en El Salvador y todo el resto de Latinoamérica, cuando hay topes en las tasas de interés los clientes más riesgosos, que los bancos no los pueden financiar, terminan cayendo en las manos de los préstamos gota a gota, que a todas luces son ilegales porque están cobrando tasas de interés mucho más altas que el tope legal y además, porque sus mecanismos de cobro son extorsivos, son violentos”, dijo Corrales.

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En los préstamos gota a gota, el prestamista cobra sus intereses semanalmente, cambia las condiciones y amenaza con asesinar o hacer daño a las personas que no pagan o aceptan las condiciones.

La ley de Usura, que establece topes al cobro de intereses para las tarjetas de crédito y préstamos, rige desde el 20 de junio del 2020.

La normativa ayudó efectivamente a bajar las tasas de interés del sistema bancario en unos 10 puntos porcentuales, según la Universidad Nacional, pero al mismo tiempo, dejó sin opciones crediticias a miles de personas.

Precisamente, ese grupo es el que está enfrentando problemas con los préstamos gota a gota.

Y es que un 7,4% de los costarricenses ha tomado un préstamo informal desde el 2020, lo que según los cálculos de la Oficina del Consumidor Financiero asciende a poco más de $84 millones, a la vez que el 5,5% de los consultados recibió amenazas para pagar y el 4,4% presentó una denuncia ante las autoridades.


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