Futuro de salario único para sector estatal es incierto

La ley de empleo público que establece un mismo salario para todo el sector estatal por puesto laboral, avanzó al plenario para su trámite en primer debate, en medio de un mar de dudas sobre su legalidad, apoyo y ámbito de cobertura.

¿Están incluidas o no las universidades públicas?, ¿existen roces de ilegalidad al trasladar parte de las funciones del Servicio Civil al Ministerio de Planificación? y ¿se conseguirán los 38 votos que se requieren para aprobar el proyecto?, son algunas dudas de las dudas que deja el trámite en comisión.

La iniciativa es vital en la ruta de salvamento de las finanzas públicas.

Esto, porque es considerada por la oposición y el mandatario Carlos Alvarado, como la principal propuesta de ajuste estructural que presentó el gobierno al Fondo Monetario Internacional (FMI) y así, conseguir un préstamo ampliado por $1.750 millones que le dé oxígeno a las finanzas públicas.

“El proyecto que presentó el gobierno traía falencias, además, el manejo que ha hecho Casa Presidencial del mismo, hizo que la iniciativa se catalogue hoy como inviable. La posición del PUSC es que toda institución pública debe incluirse, incluyendo a las municipalidades, a las empresas en competencia y por supuesto las universidades. A como está el proyecto no debería continuar, debe devolverse a comisión”, dijo Rodolfo Peña, jefe de la Unidad.

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A todo esto, habría que agregarle que las diferencias de criterio en el PLN y el PAC sobre el plan.

Por ejemplo, la inclusión o no de las Universidades Públicas en la ley quedó en duda, cuando los propios diputados de Liberación Nacional se contradijeron al respecto.

Y es que legisladores como Carlos Ricardo Benavides, expresidente del Congreso y exjefe de la bancada verdiblanca, cuestionaron la aprobación de una moción, que supuestamente permitiría a los centros de enseñanza superior autogestionarse en materia salarial.

En principio, las U estatales redactaron la moción.

“Aunque sé que algunos diputados aprobaron la moción de buena fe, la realidad es que está redactada para desarmar el salario global y buscar un régimen de privilegio. Eso es inaceptable y debe corregirse en el plenario”, dijo Benavides.

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Mientras tanto, Karine Niño, subjefa de los verdiblancos, aseveró que se trata de una mala interpretación.

Pese a ello, otros legisladores como Víctor Morales, presidente de la Comisión de gobierno y administración y representante por la bancada oficialista del PAC, fue enfático que lo mejor sería revisar el tema en el plenario.

Establecer un mismo salario para los empleados públicos con iguales responsabilidades, le permitiría al Estado ahorrar más de ¢314 mil millones al año en promedio, según las estimaciones que hace Pilar Garrido, ministra de Planificación.

El ahorro se generaría al congelar los pluses salariales de las mejores remuneraciones del sector público, ya que los funcionarios que tengan un salario por encima del sueldo estándar, no podrán recibir aumentos de ningún tipo.

En los casos en que el trabajador gane menos que el salario único, existirá la posibilidad de hacer un ajuste hacia arriba, por lo que el Estado tendrá que invertir ¢32 mil millones para incorporar al salario global a los 28 mil funcionarios que hoy ganan menos de la remuneración estándar que se fijará.