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Así argumenta la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel) el hecho de que la responsabilidad en el retraso sobre la toma de dicha determinación no recae exclusivamente en este organismo, postura que han mantenido las autoridades de Gobierno en varios momentos.

“Desde el 2022, no existe claridad por parte del Poder Ejecutivo sobre lo que desea hacer referente a las frecuencias de radio y televisión (…) Estos procesos (prórroga o subasta), desde la perspectiva técnica y jurídica de la SUTEL, son independientes entre sí; lo que falta es claridad sobre cuál de las dos opciones es la que el Gobierno desea seguir”, indica la Superintendencia.

Por otra parte, la entidad se desliga de cualquier acción que desencadene en un eventual apagón de las señales abiertas de radio y televisión, por cuanto, cumplió a tiempo con el estudio de necesidad y factibilidad para un eventual proceso concursal de frecuencias solicitado por el Micitt, entregado al ente rector el 29 de noviembre del 2023.

En ese sentido, la última ampliación solicitada a dicho informe ingresó a la Sutel el 16 de febrero pasado, cuando el Consejo Directivo ya estaba desintegrado, razón que ha impedido generar una respuesta y que “no quiere decir que el informe esté incompleto o no se haya entregado”, indica la Sutel.

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Finalmente, reitera este órgano que no es responsable tampoco de determinar lo que pagan los canales de televisión y emisoras de radio anualmente por el impuesto de radiodifusión, siendo que el mismo está definido por ley desde 1954 y correspondería presentar a la corriente legislativa un proyecto que reforme tal disposición.