Fusión de instituciones de vivienda eliminaría duplicidad de funciones

Con el propósito de eliminar la duplicidad de funciones y atender a las familias con déficit habitacional, los candidatos Edgardo Araya, del Frente Amplio, y Rodolfo Hernández, del Partido Republicano Social Cristiano, fusionarán varias instituciones del sector vivienda.

Araya propone unir el INVU con el Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos (Mivah) para que las dos instituciones se transformen en una sola, más robusta: el Instituto Nacional de Vivienda y Ordenamiento Territorial y que tenga la rectoría en materia de vivienda, planificación urbana y ordenamiento territorial.

Para concretar esta reforma, el Frente Amplio aprovechará los estudios técnico-legales ya existentes en el INVU desde 2015 y así evitarán gastos innecesarios en nuevas consultorías. 

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“De esta forma, se eliminarán las contradicciones y la duplicidad de funciones que actualmente presentan ambas instituciones. Además, el personal y los recursos con que cuenta el Mivah pasarían a fortalecer las distintas dependencias de la nueva institución”, destacó Araya.

La idea de Rodolfo Hernández está relacionada, más bien, con la creación de un Ministerio de la Familia, que fusione el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), el Patronato Nacional de la Infancia, el Instituto Nacional de la Mujer (Inamu), el INVU y Fonabe y que sirva como ente rector de las políticas y de programas sociales, con un único registro de beneficiarios y con acciones dirigidas a todos los miembros de la familia integralmente. 

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La consolidación de un Ministerio de la Familia también la tiene contemplada Juan Diego Castro en su Plan de Gobierno, pero pretende unir algunas del sector social como el Inamu, el Pani, el Consejo del Adulto Mayor y el Consejo de la Persona Joven.

La reestructuración del INVU es una iniciativa que han promovido la Asamblea Legislativa y Contraloría General de la República desde 1990, con el propósito de atacar sus debilidades.

Esas entidades han advertido que se deben tapar grietas estructurales y sanear las finanzas del INVU; sin embargo, pese a los muchos intentos de reformas no se ha consolidado nada.

De 1993 a 2005, la Contraloría hizo seis informes con advertencias y recomendaciones urgentes, en los que señala fallos que van de lo financiero a lo organizacional.

En 2006, la Contraloría fue contundente en que el INVU requería una decisión: o se emprendía una reconstrucción a fondo para salvarlo, o se le debía poner candado.

El último informe de la Contraloría del 3 de marzo de 2017 analiza el riesgo de la cartera de morosidad del 1° de enero al 30 de junio de 2016, en el cual determina que el INVU carece de políticas y procedimientos para la administración del riesgo de la cartera de deudores morosos y del método para el análisis de antigüedad de saldos de cuentas por cobrar y la estimación de incobrables, que estén formalmente aprobados y divulgados en la institución.