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Frenado pago a OAS

Manuel Avendaño [email protected] | Martes 24 diciembre, 2013

El Tribunal Contencioso suspendió el pago que el Gobierno acordó con OAS de forma temporal. Archivo/La República


Medida cautelar suspende giros de dinero a concesionaria

Frenado pago a OAS

Reintegrar $6,5 millones y denunciar a funcionarios involucrados en ampliación de ruta a San Ramón, pretende Foro Nacional

Detener el pago de $35 millones acordado en conciliación entre el Gobierno y la empresa OAS fue posible con una medida cautelar del Tribunal Contencioso.

Aunque ya se habían girado $6,5 millones a la concesionaria como parte de la negociación, el proceso fue frenado debido a las acciones tomadas por representantes del Foro Nacional en instancias judiciales.
Por otra parte, existe el riesgo de que la firma brasileña acuda a un arbitraje para recuperar el dinero que invirtió en el proyecto de ampliación de la carretera a San Ramón que fue frenado por el Gobierno en abril de este año.
La suspensión del reintegro a OAS surge debido a que Foro Nacional solicitó que se presentara la medida cautelar contra la conciliación y el pago que pretendía la firma extranjera para recuperar las inversiones hechas en el país.
“Se ordena de forma provisional al Estado y al Consejo Nacional de Concesiones la suspensión de cualquier giro de dinero a las empresas vinculadas al contrato de concesión de la carretera San José – San Ramón, tanto los presentes que no se han realizado como los futuros”, establece el por tanto del Contencioso.
Aparte de la medida cautelar, fue presentada una denuncia ante el Tribunal que pretende eliminar cualquier pago a la concesionaria, además busca sentar responsabilidades administrativas, civiles y penales para todos los funcionarios que participaron en el contrato.
También acudirán a la Sala por medio de una acción de inconstitucionalidad que busca eliminar la cesión o traspaso de concesiones entre empresas, como ocurrió en este caso cuando Autopistas del Valle le cedió el contrato a OAS en marzo de este año.
Los estudios de impacto ambiental que se traspasaron de una empresa a otra habían caducado en 2012, y esto pudo pesar en la decisión del juez ya que existen pruebas contundentes que fueron presentadas, explicó Álvaro Sagot, del Foro Nacional.
Por otra parte, el Gobierno ya había girado un primer pago a la firma brasileña la semana anterior para iniciar el reintegro acordado en conciliación.
El dinero para la indemnización salió de las arcas del Consejo Nacional de Concesiones y se trata de recursos ociosos que debieron ser invertidos en la construcción de nuevas obras como los accesos pendientes de la ruta 27.
La decisión judicial llega en un momento complicado ya que el fin de año delimita la reacción de las partes involucradas.
Aunque se evitó el proceso de arbitraje internacional, existe la posibilidad de que la empresa opte por esta salida si no logra recuperar el dinero invertido en el país que fue acordado en conciliación, se trata del lucro cesante que es de $503 millones.
En enero todos los involucrados tendrán que emitir un criterio ante el Tribunal.

 

Manuel Avendaño
[email protected]
@MavendanoLR