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Personal nombrado cuenta con amplia experiencia en ramas relacionadas al contrato
Fiscalización del aeropuerto será fortalecida

• Cinco profesionales que forman ente supervisor se distribuirán $25 mil mensuales en salarios
• Inspector general, única plaza que falta por designar, será nombrado en pocos días

Danny Canales
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El giro que tomó el proyecto para modernizar el Juan Santamaría obligó a fortalecer el órgano encargado de supervisar que el contrato se cumpla al pie de la letra.
Con personal calificado el ente inspector del plan aeroportuario cuenta ya con cuatro de las cinco plazas que requiere.
Además se asignó un presupuesto mensual de $25 mil para distribuirlos como salarios entre los cinco funcionarios.
La importancia que reviste el ente supervisor del contrato aeroportuario en este momento es que será el organismo que deberá analizar si la propuesta de cesión de acciones que gestionan los socios de Alterra se apega a las especificaciones técnicas y legales establecidas para ser aprobada.
Además, en caso de que Alterra logre traspasar el contrato a Houston Airport System Development Corporation (HASDC), le correspondería al órgano supervisar que las partes involucradas en el proyecto se apeguen a lo pactado en los 18 meses que restarían de contrato.
Para llenar los puestos vacantes se contrató a profesionales que conocen el proyecto. Dos de ellos incluso han trabajado en entidades públicas que han tenido participación en el análisis del contrato.
La única plaza que no se ha llenado es la de inspector general. El desafío del Consejo Técnico de Aviación Civil (Cetac) es completar la designación en pocos días, dijo Viviana Martín, presidenta de esa directiva.
Aunque el cartel de licitación y el contrato aeroportuario exigen la existencia del cuerpo supervisor, este órgano ha estado diezmado por la constante salida de personal. Por ejemplo, en los siete años que tiene de conformado ha tenido seis inspectores generales.
Debido a ese antecedente, el mayor desafío del Cetac es consolidar este grupo, dijo Martín.
En ese sentido, se nombró a Roy Ramos en el cargo de inspector legal. Ramos es ex funcionario de la Contraloría General de la República y tuvo a su cargo el análisis del contrato aeroportuario en su momento.
La experiencia también pesó en la designación del inspector financiero.
Ese puesto recayó en Carlos Herrera, quien laboró en la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep), que es el ente responsable de definir las tarifas aeroportuarias.
Asimismo, se le dio continuidad a Federico Baltodano en el cargo de inspector de obras. Baltodano es el único profesional que se ha mantenido en el órgano fiscalizador en los últimos años.
Por su parte, en la plaza de fiscalizador de operaciones se nombró a Colin Valerín.

“Aunque no tenemos un plazo definido para designar al inspector general, el nombramiento de esta plaza es prioridad para el Cetac”, aseguró Martín. En ese sentido, el ente analiza una terna de perfiles presentada la semana anterior por la firma consultora Deloitte.
La función del ente inspector es velar por que el Estado y el operador del aeropuerto se apeguen a lo establecido en el cartel de licitación y el contrato aeroportuario.
En ese caso, también tiene la misión de definir las sanciones que deben aplicarse a cada una de las partes en caso de incumplimientos contractuales.
Debido a su responsabilidad, el ente fiscalizador ha sido fuente de cuestionamiento pues se dice que tiene relación con las partes que debe fiscalizar.
Ello porque está adscrito al Cetac y es financiado con el fideicomiso creado con los recursos que se perciben de la operación del aeropuerto.

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