Fiscalía investigará a Ministro de Ambiente por concesión a hidroeléctrica
Edgar Gutiérrez, ministro de Ambiente. Tomada de Facebook Edgar Gutiérrez Espeleta/La República
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El Ministerio Público iniciará una investigación contra Edgar Gutiérrez, ministro de Ambiente, por presunto delito de incumplimiento de deberes en el trámite de las concesiones de aguas del proyecto hidroeléctrico San Rafael, en Pérez Zeledón, de la empresa H Solís.

Dicha investigación surge de una denuncia presentada por Edgardo Araya, candidato presidencial del Frente Amplio, quien el pasado 8 de noviembre además anunció medidas contra la junta directiva de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) por la concesión de servicios públicos del mismo proyecto.

Las acusaciones se dieron porque una parte del proyecto hidroeléctrico se encuentra dentro del área de protección del río San Rafael, por lo que debió  existir un decreto ejecutivo de Declaratoria de Conveniencia Nacional previo a la concesión.

Sin este decreto, era prohibido realizar la hidroeléctrica en la margen del río.

A pesar de la falta del requisito, tanto Gutiérrez como la Aresep otorgaron las concesiones, dijo Araya.

“Se omitió pedir requisitos esenciales, incluso a pesar de que la ciudadanía alertó al Ministro y a la junta directiva de que se necesitaba el decreto”, agregó el candidato presidencial.

Por su parte, la Aresep había archivado el expediente de concesión de servicio público porque al momento de la audiencia pública la empresa no contaba con la concesión de aguas.

H Solís se opuso a esta resolución y la Autoridad incurrió en un retraso injustificado de varios meses en la resolución de un recurso.

Durante ese tiempo el Ministerio de Ambiente otorgó a la empresa la concesión de aguas, aún sin la declaratoria.

“Es sospechoso que se la aceptaran meses después y que en una resolución donde no explican nada, se otorgue la concesión a tan solo tres días de que se acabara el plazo de la empresa en el ICE para presentar todos los requisitos legales. Estas personas, funcionarias públicas, podrían estar incumpliendo sus deberes y esto es un delito”, agregó el candidato presidencial.

El pasado 31 de octubre de 2017, se vencía la carta de entendimiento entre el Instituto Costarricense de Electricidad y la empresa H Solís en el que se acordaban los términos de la compra de electricidad por parte del Estado.

Para esa fecha, la empresa tenía que presentar la viabilidad ambiental y las concesiones de aguas y de servicio público.

“A tan solo tres días del vencimiento del plazo, la Aresep resucitó una concesión que ya había archivado sin explicar por qué”, finalizó Araya.

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