Expectativas mínimas

Expectativas mínimas

Si de algo debe servir este abuso al que se abocaron los diputados en sus primeras horas en el cargo, sin ningún otro tema o aporte para el país, sería para repasar el esquema salarial costarricense. No solo el de quienes se sientan en curul o en silla de magistrado o en presidencia ejecutiva, por citar solo algunos casos de quienes se benefician de su propia acción.
Yo hubiera empezado por atender la vergüenza nacional que significa tener un tercio de la población ocupada laboralmente, sin percibir el salario mínimo legal por concepto de su trabajo.
El Estado de la Nación, en su informe de 2008, apuntaba con meridiana claridad:
“El tema de la población ocupada que devenga el salario mínimo es un asunto relevante para el país, por cuanto se trata de los sectores ubicados en la base de la pirámide social (los menos calificados), que representan un 27% de la población ocupada (521.319 personas). Si a este grupo se le suman, además, los ocupados que reciben menos del salario mínimo, se alcanza la cifra de 639.371 personas, que corresponden a un 33% de los ocupados para quienes las oportunidades para mejorar la acumulación de capacidades son casi inexistentes”.
Mal hizo la oposición, el país en general por no reclamar tal vergüenza denunciada en su momento. La administración Arias no dio pie en bola ni dijo presente, minimizó su responsabilidad al respecto y dejó de aplicar, como corresponde, la ley que nos obliga a todos por igual.
La vista gorda benefició a algunos de los nuevos legisladores. Tanto, que según reportaba la prensa, hasta hace poco corrían para saldar sus deudas producto de la evasión al régimen solidario de contribución a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
Hoy, en medio de tanta penumbra, el país reclama revisitar desde la Asamblea Legislativa el Plan Nacional de Empleo y, a propósito de este, la política salarial que nos debemos como país para el presente y futuro. Empezando por los mínimos ya establecidos y que en un alarmante 33%, no perciben los trabajadores costarricenses.
Además, dotando a la CCSS de los instrumentos, de primero el presupuesto necesario, para fiscalizar el cumplimiento de grandes y pequeños, empresas e individuos, formales e informales de sus obligaciones obrero-patronales.
Asignar las cargas tributarias de forma racional y proporcional, ajustada a las realidades actuales así como repartir de forma más justa y sostenible, el peso del régimen de pensiones y jubilaciones, evitando los excesos de sectores políticamente privilegiados o no contribuyentes pero beneficiarios.
Incluye, de forma urgente, repasar el Servicio Civil que se ha quedado rezagado décadas y que ya no atrae ni mantiene “en el servicio público al personal con mayores méritos”.
Escuchar en Cuesta de Moras y reclamar a Zapote la contención del desempleo y la pobreza como en noviembre anterior recomendaba el BID para potenciar las economías. Este menú incluye: (1) Mejorar la competitividad laboral, (2) apoyar y distribuir de forma más eficiente al personal calificado, (3) reestructurar los sistemas de prestaciones laborales para anticipar futuras crisis y (4) la creación de la infraestructura necesaria para ayudar a los trabajadores a conseguir empleo.
No hay más que escuchar y respetar la voz del pueblo para plantear más allá del beneficio propio.

Pedro Oller