Exigir cobro electrónico a los autobuseros debe discutirse, según Nueva República

En momentos en que se analiza un proyecto de ley para ampliar la vida útil de los autobuses de 15 a 18 años, debería discutirse también la posibilidad de exigir el cobro electrónico a los empresarios de este sector, según David Segura, diputado de Nueva República.

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Y es que en estos momentos, solo el 5% de las unidades de este transporte público cuenta con el dispositivo tecnológico necesario para pagar con tarjeta y otros dispositivos como relojes y teléfonos inteligentes, según representantes del sector y otros actores entrevistados por LA REPÚBLICA.

La idea, es hacer más ágil el pago de los pasajes, pero al mismo tiempo, hacer más transparente el transporte público, ya que en estos momentos los números de demanda del servicio, que son utilizados por la ARESEP para fijar las tarifas, son entregados por los mismos empresarios sin que haya una fiscalización eficiente.

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“Desde el periodo constitucional pasado, Nueva República ha insistido en la implementación del cobro electrónico de los servicios de autobuses, con el fin de reducir los riesgos financieros y de seguridad que este tema representa para usuarios y concesionarios por igual. En ese sentido, en nuestro Plan Esperanza, que presentamos al país para las elecciones de 2022, también incluimos un claro apoyo a esta política. En este sentido, estamos dispuestos a discutir condicionamientos como este, siempre y cuando no perdamos de vista que lo más importante son los usuarios, no los proveedores del servicio o Hacienda”, dijo Segura.

La extensión de la vida útil de los autobuses, pretende darle un respiro económico a los empresarios de este sector tras la pandemia, quienes reportan pérdidas millonarias por la reducción de los usuarios.

En solo tres meses, los dueños de autobuses que cumplieron 15 años de servicio deben cambiar sus unidades, de acuerdo con el Consejo de Transporte Público (CTP). El plazo no es prorrogable, según una prevención girada por ese órgano adscrito al MOPT.

La iniciativa, que sería por una única vez, pretende evitar que más comunidades se queden sin el servicio.

A la fecha, hay 95 concesiones que se han devuelto al MOPT porque no son rentables, lo que significa que las rutas en cuestión quedaron al garete. Se trata de zonas rurales como Zapatón, Coyolar y varias de Limón, entre otras.

“Para nuestra fracción el proyecto es completamente razonable si se pone a los habitantes de la República, como usuarios del servicio, en el centro del análisis. En este sentido apoyaremos la ampliación en un plazo corto razonable, posiblemente tres años, en el entendido de que esta crisis es el resultado de un asunto completamente fortuito como fue la Covid 19. La crisis de la pandemia generó una abrupta caída en la movilidad territorial de los habitantes, como todos sabemos, y esto generó un deterioro financiero”, dijo Segura.