Menos del 30% de buses extendería vida útil por cinco años

Como máximo, uno de cada de tres autobuses extendería su vida útil por cinco años de aprobarse un proyecto de ley que impulsan los legisladores.

La iniciativa, que sería por una única vez, pretende darle alivio económico a los empresarios de este sector y con ello, evitar que más comunidades se queden sin el servicio.

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A la fecha, hay 95 concesiones que se han devuelto al MOPT porque no son rentables, lo que significa que las rutas en cuestión quedaron al garete. Se trata de zonas rurales como Zapatón, Coyolar y varias de Limón, entre otras.

En estos momentos, la ley establece que los buses no pueden tener una vida útil mayor de 15 años; sin embargo, con la ley en cuestión se aumenta a 20 años.

La idea, es que los empresarios tengan el tiempo suficiente para recuperarse de la pandemia y al mismo tiempo, hacer las inversiones que sean necesarias.

“El 30% de la flota actual tiene menos de cinco años, mientras que el 39% tiene entre cinco y diez años de servicio. Finalmente, el 24% tiene una vida útil que está entre diez y 15 años y un 7% ya cumplió los 15 años de trabajo que establece la ley. Esto implica que sería un reducido grupo de autobuses los que tendrían una extensión de la vida útil”, dijo Silvia Bolaños, directora ejecutiva de la Cámara de Transportes.

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La reducción de pasajeros que se generó por la Covid-19, así como el alto precio de los combustibles, han golpeados fuertemente las operaciones de los transportistas desde el 2020.

Y es que, la cantidad de viajes se redujo en más de 230 millones al año desde el 2019, producto del teletrabajo, la pandemia y el desempleo, lo cual, causó un desequilibrio financiero enorme.

Asimismo, la guerra entre Rusia y Ucrania elevó el precio de los hidrocarburos a más de ¢1 mil por litro, lo cual, implicó un fuerte golpe adicional.

“Si las rutas fueran rentables, téngalo por seguro que ninguna concesión estaría desatendida. Nuestra mayor preocupación es el servicio, no queremos que más costarricenses se queden sin poder viajar en bus”, agregó Bolaños.

La propuesta en cuestión ya fue dictaminada por la comisión de Económicos y contó con el apoyo del PLN, la Unidad, Nueva República, Progreso Social y Liberal Progresista. El único partido que se opuso fue el Frente Amplio, quien señala que se está beneficiando a grandes empresarios.

“No nos oponemos a la búsqueda de soluciones para las pequeñas cooperativas de empresarios autobuseros. Nosotros hemos presentado mociones para limitar esta ayuda solamente a los pequeños, pero han rechazado todas las mociones para incluir a todo el gremio autobusero, desde el más grande y tagarote, hasta el más pequeño”, dijo Sofía Guillén del Frente Amplio.

En Costa Rica, el 70% de los empresarios dedicados al transporte público manejan operaciones consideradas pequeñas con menos de 20 unidades, mientras que solo 1,46% del gremio posee más de 100 unidades.

Por otra parte, se estima que la flota de autobuses tiene una edad promedio de 8,9 años, por lo que al final del día, serían pocos los buses que tendrían una extensión de su vida útil.

La propuesta que avanza en el Congreso obligaría a los transportistas a conseguir la revisión técnica en dos ocasiones cada año, por lo que en principio la seguridad está garantizada.

“Producto de la pandemia, ha existido una afectación muy grande en pequeños empresarios autobuseros, que han tenido que recurrir a diferentes alternativas para no quebrar. Sumado a eso, hay zonas rurales donde se han tenido que devolver las concesiones, porque ni tan siquiera da para pagar gastos mínimos. Además, al cambiar la flotilla en estos momentos, los costos se trasladarían a los usuarios y estamos evitando eso”, dijo Daniela Rojas de la Unidad.

La ampliación de la vida útil de los autobuses de 15 a 20 años no puede responder a criterios económicos solamente, sino que debe privar la calidad del servicio y la protección de la vida de los usuarios, de acuerdo con Silvia Rojas, directora ejecutiva de la Asociación Costarricense de Movilidad Eléctrica (Asomove).

“Consideramos que se debe priorizar el resguardo del principio de calidad en los servicios públicos, además de no exponer la vida de quienes utilizan buses cada vez más antiguos para llegar a sus centros de trabajo y estudio. Las personas necesitan que el servicio de autobuses mejore, que se modernice, que se dignifique a los usuarios y que se le dé una nueva cara al transporte público”, dijo Rojas.