El que la pellejea y anda en cacharpitas o en modelos antiguos acaba de recibir una puñalada del fisco. ¿Eso es el bien común?

¿Estratagema?

Es obvio que en nuestro país hay cosas que van muy mal. Los vehículos pagan un inmenso impuesto de entrada al país (por ello durante años se ha fomentado la importación de vehículos de segunda mano).
La inscripción y los derechos de circulación son muy caros (y no corresponden en nada a un apropiado servicio público). En los combustibles se incluyen pagos irracionales (convenciones colectivas y gollerías de Recope, incluyendo la aventura de la refinería china, que no es sino hasta ahora que empiezan a ser semirrefrenados por los organismos concernidos) y un alto impuesto (que aumenta aunque el precio del petróleo baje).
Los dineros no se han dedicado en una proporción siquiera aceptable a cumplir los compromisos del caso (infraestructura vial) y, además, la ejecución de obras deja mucho que desear.
Como si ello fuera poco, ahora han inventado cómo desplumar más al contribuyente. Se trata simplemente de abusar del mecanismo que permite fijar el valor tributario de los vehículos viejos.
Es algo que se hace con alevosía y que sorprende al pobre dueño del vehículo, pues se entera prácticamente cuando va a pagar los derechos de circulación. ¿Paga o guarda el carro? Hay pocos días para decidir y mucha necesidad de usar el vehículo (aunque abunden las presas y las restricciones).
El transporte público de personas no está en capacidad de atender las necesidades reales de las personas, las cuales utilizan su vehículo por necesidad real. Para algunos el vehículo puede ser un lujo, sin embargo en las absurdas normas de este país ello se tutela con la posibilidad de leasing y beneficios tributarios.
El resto, el que la pellejea y anda en cacharpitas o en modelos antiguos, acaba de recibir una puñalada del fisco. ¿Eso es el bien común?
Las autoridades concernidas evidencian un desbalance complicado: aumentos inmensos en el gasto público para beneficiar a algunos (sus propios incentivos y los presupuestos de las universidades públicas) y mucha saña para ordeñar a los contribuyentes. Pareciera que el celo de su trabajo está muy sesgado.
¿Habrá esperanza de que la Sala Constitucional tutele al costarricense ante estos desmanes? El dimensionamiento de la decisión que anuló el impuesto a las personas jurídicas me deja con inmensas dudas al respecto. Pues ante la obvia inconstitucionalidad, la Sala determinó que aunque anulaba, había que pagar.
Tal antecedente me deja sin mucha esperanza en un fallo señero y valiente. Veo demasiada obsecuencia con las malas decisiones y con los abusos fiscales e impositivos.

No obstante, debemos quejarnos, evidenciar nuestra inconformidad, señalar a los responsables, recurrir, accionar y denunciar. También debemos insistir en señalar las responsabilidades públicas y la incorrección de estos actos.
Se trata de formar conciencia y esperar que la ciudadanía reaccione, elija buenas autoridades y podamos retomar el Estado para que sirva a la sociedad y deje de servirse él mismo y a los que se aprovechan del presupuesto público.

Federico Malavassi

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