Estado: mayor delincuente

Estado: mayor delincuente Costa Rica ha sido golpeada fuerte por los recientes casos que involucran la mala conducta de la clase política.
Escándalos de corrupción, mal uso de fondos, burla a la justicia; sin importar el color político, el impacto se asesta en el núcleo del vínculo entre la ciudadanía y los gobernantes.
El problema fundamental es que la política costarricense parece haber olvidado sus ideales y en las últimas décadas se ha visto dominada por una visión materialista de sus líderes, lo que ha tenido una repercusión directa en la mentalidad del resto.
Costa Rica tomó un giro inesperado a partir de la revolución de 1948, donde además de cambios esenciales contra las concentraciones del poder, se planteó una visión idealista que bien que mal ayudó a alcanzar grandes logros sociales, los cuales son hoy la base del desarrollo económico que disfrutamos.
Sin embargo, ese idealismo en la actualidad es despreciado por una visión fría y calculadora, una forma de pragmatismo que concede a los líderes actuales el relativismo moral necesario para conseguir desde la función pública sus anhelos personales de enriquecimiento y prosperidad económica.
Más que el servicio al pueblo, hoy lo que llena la mente de una parte viciada de la clase burócrata son los viajes, las ampliaciones del salario, los requisitos para pensiones de lujo y demás beneficios que se han vuelto una carga cada día más onerosa para los contribuyentes.
Quienes aspiran a más y en el menor tiempo posible, están ya dispuestos a cometer actos contra la ley y contra sí mismos, en los clandestinos espacios tenebrosos de la administración pública, donde no llegan la luz, el control, la fiscalización, ni la conciencia moral.
Lo triste es que nuestra institucionalidad democrática hoy no soportaría una investigación exhaustiva, sin que alguno de sus entes logre salir sin mancha.
En este sentido, el Estado se ha convertido en el mayor delincuente de la sociedad, no porque ese fuera su ideal, su propósito, sino porque en el pragmatismo lo han llevado allí.
Así por ejemplo, solo un 40% de los fallos de la Sala Constitucional —máximo órgano jurídico del país— es acatado y el principal deudor de la justicia es el propio Estado. Esta cifra disminuye a un 20% cuando se trata de asuntos ambientales, municipales y de educación.
El Estado de Derecho se ha convertido en nuestra nación en un concepto optativo, accesorio, alternativo, que no se aplica en igualdad de circunstancias a quienes responden dentro o fuera de la administración pública.
Ante esta realidad considero que en lugar de destruir o perseguir políticos, lo que urge en Costa Rica es empezar a hablar y tocar la conciencia de ellos, para que así eventualmente se den cuenta de la enorme responsabilidad que tienen al dirigir un país, y dar un ejemplo a la ciudadanía sobre cuáles debieran ser los ideales de nuestra sociedad.
Más allá de ideologías, demagogia y charlatanería política, la reivindicación de los valores superiores a los que estamos llamados colectivamente, es lo que nos permitirá abrir los ojos y darnos cuenta de nuestra verdadera riqueza: paz, naturaleza y un pueblo que aún es humano.
Luis Alberto Muñoz