Energías verdes aprovecharán dinero de sociedad disuelta por Recope

Invertir en energías verdes el dinero remanente de la disolución de Soresco es el plan de la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope) tras la resolución de la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional.

Disolver la sociedad formada por Recope y China National Petroleum Corporation International (CNPCI) fue lo que ordenó la Corte.

Sin embargo, en las cuentas de Soresco actualmente hay poco más de $36 millones, de los cuales una parte se invertiría en investigación para energías verdes, confirmó Alejandro Muñoz, presidente de Recope.

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Otro porcentaje se dedicará a la liquidación de los empleados de la sociedad - ocho personas- que estaban costando al Estado unos $349 mil anuales.

También, deben liquidarse los activos que estaban en posesión de la sociedad.

Lo que quede después de restar estos rubros, se repartiría en partes iguales entre Recope y CNPCI, aclaró Muñoz.

“Depende de lo que le quede a Recope después de la liquidación, se podrá usar parte de esos fondos para impulsar las energías alternativas”, agregó.

El tribunal de la Corte además rechazó la pretensión de ambas partes de cobrar una indemnización.

Asimismo, no fijó una condena en costas para las empresas estatales, y los gastos del arbitraje, fijados en $880 mil, serán pagados en partes iguales por Recope y CNPCI.

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La inversión inicial para el proyecto de ampliación y modernización de la refinería de Moín fue de $100 millones divididos en partes iguales entre Recope y CNPCI.

De ese monto Recope ha logrado recuperar a la fecha unos $3 millones.

El acuerdo para dicho proyecto se firmó en noviembre de 2008 y un año después se creó Soresco como sociedad anónima exclusivamente para desarrollar la iniciativa.

No obstante, el desarrollo se suspendió en junio de 2013 debido a que la Contraloría General de la República no avaló el estudio de factibilidad realizado por la empresa China Huanqiu Contracting & Engineering Corporation, argumentando en su momento, la existencia de un nexo económico de esta corporación con CNPCI.

En vista de esto, Recope se vio obligada a rechazar dicho estudio para sustentar la ejecución del proyecto.

A partir de entonces se dio una serie de fallidos intentos para resolver la disputa, en razón de la imposibilidad de cumplir el objeto contractual de ampliar y modernizar la refinería de Moín.

Finalmente, se originó la demanda del arbitraje interpuesta en la Cámara Internacional de Comercio por la transnacional CNPCI en julio de 2017.

“Este laudo reviste especial importancia para Recope y para el país, al dar por finalizado un diferendo comercial, lo cual indirectamente beneficiará las relaciones bilaterales entre Costa Rica y China”, finalizó Muñoz.