Pedro Oller

Pedro Oller

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Martes 27 Julio, 2010


En una encrucijada


México le declaró la guerra al narcotráfico al inicio de la administración Calderón Hinojosa. No fue un tema de poses o retórica, Felipe Calderón asumió la Presidencia e involucró al ejército en la lucha contra el crimen organizado alrededor del narcotráfico, ordenando el despliegue de 50 mil militares a los focos de mayor violencia en el país.
Los datos no son nada halagadores: Este mes apuntaba el procurador general, Arturo Chávez Chávez, que en lo que va de 2010 se pueden atribuir 7.048 muertes al combate, lo que suma casi 25 mil decesos desde diciembre de 2006.
Mientras Chávez Chávez apuntaba a que este no es un problema reciente y cuya resolución no será a corto plazo, descartando que en México existan actos de lo que llamó “narcoterrorismo”, hace un par de semanas en Ciudad Juárez se perpetraba un atentado con coche bomba, en contra de la Policía Federal y que se ha atribuido el Cartel de Juárez con aterradora advertencia incluida: “Todavía tenemos carros bomba”.
El balance de los daños en México no es bueno. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos había sumado a marzo de este año, 3.340 denuncias por abusos desde 2006. Según la ONG Human Rights Watch “en el marco de sus actividades de seguridad pública, las fuerzas armadas mexicanas han cometido graves violaciones de derechos humanos, como ejecuciones, torturas, violaciones sexuales y detenciones arbitrarias”. “La mayor amenaza en México a los derechos humanos es el crimen organizado” ha espetado el presidente Calderón. “Daños colaterales”, minimizaría el secretario de Defensa Nacional mexicana, Guillermo Galván, al referirse a las víctimas civiles.
Ahora a nuestras fronteras. La aprobación por parte de la Asamblea Legislativa, hoy pendiente de beneplácito por parte de la Sala Constitucional (si, así de loca está la cosa y de turbia la división de poderes en nuestro país), del permiso al amparo de la Ley 7929 conocida como Patrullaje Conjunto entre Estados Unidos y Costa Rica y que data de 1999 no ha sido explicado ni definido como nos merecemos.
Seguro por eso es que no tengo claro si el Gobierno de la República y la Asamblea Legislativa han hecho bien al involucrar fuerzas armadas extranjeras en este conflicto nuestro con el crimen organizado alrededor de las drogas. Solo que el hecho me ha despertado con ahínco, sentimientos de frustración y confusión que seguramente llevaba reprimidos porque el cáncer del narcotráfico lo tengo muy presente.
Lo que me preocupa y asusta es que no nos han dejado claros los parámetros de la presencia militar estadounidense. Porque eso del “patrullaje conjunto” no es más que un eufemismo.
No quiero ser malagradecido ni pretendo cerrar los ojos a nuestra realidad. Está claro para la administración Chinchilla y debería estarlo para nosotros también, que somos incapaces de llevar adelante este encargo solos. Más recelo que “el personal de Estados Unidos en Costa Rica podrá disfrutar de libertad de movimiento y el derecho de realizar las actividades que considere necesarias en el desempeño de su misión”.
Me preocupa que una buena intención de las que dice el adagio está lleno el infierno derive a futuro en un abuso imprevisible hoy de nuestra legalidad y de la buena fe de mis conciudadanos. No nos permitamos perder la fe, me advertía entre lamentos un buen amigo mexicano en Monterrey hace solo unos meses, como el peor perjuicio social de esta lucha sin cuartel.

Pedro Oller