Empresarios: “Ley que regula huelgas en servicios esenciales no puede descarrilarse”

La ley que regula huelgas en servicios públicos esenciales no puede descarrilarse en la recta final, pues las consecuencias serían “nefastas” para la población costarricense, según el sector productivo.

Y es que un grupo de doce diputados, encabezados por José María Villalta del Frente Amplio y Franggi Nicolás de Liberación Nacional, propusieron un texto sustitutivo al plan que ya se encuentra en el Plenario, y que prohíbe las huelgas en los servicios de salud, seguridad, suministro eléctrico y de gasolina, entre otros.

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La nueva iniciativa se redactó con la asesoría de Albino Vargas, secretario de la Asociación Nacional de Empleados Públicos, por lo que se propone que todos los burócratas tengan la posibilidad de irse a protestar.

Asimismo, elimina la posibilidad de rebajar el salario a los trabajadores de manera retroactiva, una vez que un juzgado de trabajo establezca la ilegalidad del movimiento, lo cual es una diferencia con el proyecto que está en su etapa final de discusión y que permitiría la impunidad.

Esto porque los empleados públicos tendrían la posibilidad de irse a huelga de manera impune.

“No podemos obviar el impacto que tiene y ha tenido la paralización de los servicios en nuestra población. Durante la reciente huelga de ocho días, 68 mil personas perdieron sus citas médicas y 1.400 se quedaron sin operar, pese a que tenían su cirugía programada y hasta tuvimos la pérdida lamentable de vidas humanas”, dijo Yolanda Fernández, presidenta de la Cámara de Comercio.

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Si el proyecto de Nicolás, Villalta y Barrantes prospera, las pérdidas para el sector productivo podrían ser millonarias, en caso de bloqueos.

El nuevo texto es impulsado también por Paola Valladares y Daniel Ulate del PLN, Ignacio Alpízar, Harllan Hoepellman, Carmen Chan y Nidia Céspedes de Nueva República, Wálter Muñoz y Patricia Villegas del PIN, Shirley Díaz del PUSC, y Dragos Dolanescu del Republicano.

"La huelga nacional del año pasado le costó al país ¢138 mil millones en pérdidas, además del atraso de varios proyectos que, por inseguridad jurídica, no han avanzado, afectando la posibilidad de hacer negocios en Costa Rica. Los sindicatos no deben ir más allá de lo que la ley les permite. Todos tenemos límites y llegó la hora de establecerlos”, dijo Gonzalo Delgado, presidente de la Uccaep anteriormente en una entrevista con LA REPÚBLICA.