Empresarios festejan sepultura al proyecto de inspección laboral

Los empresarios festejaron que se archivara el proyecto sobre inspección laboral, al vencerse el plazo máximo de cuatro años para ser aprobado.

Ellos no estaban de acuerdo con que se persiga a los que producen y que se pongan multas tan altas por faltas leves y graves.

Sin embargo, el temor persiste, ya que Juan Alfaro, viceministro del Área Laboral del Ministerio de Trabajo, considera que tomarán esta iniciativa desechada como base y la volverán a poner en la corriente legislativa.

“Esperamos modificar los puntos que frenaron la discusión y generar un nuevo texto para presentarlo a la Asamblea Legislativa como una prioridad”, destacó.

En el proyecto de ley archivado se le daba la protesta a la Dirección de Inspección del Ministerio de Trabajo de convertirse en juez y parte, ya que con la iniciativa se facultaba al inspector a imponer multas y un 50% de ese monto iba a las arcas de dicha Dirección.

“Nunca estuvimos de acuerdo con la potestad que se le daba al inspector de clausurar, por ejemplo, por seguridad, debido a que se podría crear un problema al castigarnos sin hacer un estudio técnico especializado. Por eso, celebramos el archivo de este proyecto ya que eso nos da más seguridad jurídica”, dijo Francisco Gamboa, director ejecutivo de la Cámara de Industrias.

La iniciativa fue promovida en la pasada legislación por Sandra Piszk, diputada liberacionista y pretendía darles a los inspectores del Ministerio de Trabajo más herramientas para endurecer las sanciones y las infracciones a la legislación laboral.

“La principal crítica que teníamos es que en lugar de fortalecer la inspección laboral para que abordara temas prioritarios de protección a los derechos de los trabajadores, se concentraba en establecer sanciones a nivel administrativo sin garantizar el debido proceso para que los empresarios pudieran enfocar y desarrollar sus defensas”, aseguró Alonso Elizondo, director ejecutivo de la Cámara de Comercio.

Y es que la iniciativa tal y como estaba redactada permitía a los inspectores laborales visitar los centros de trabajo, sin previo aviso, e ingresar a todas las áreas en distintas horas del día y la noche.

Para Mario Montero, director ejecutivo de la Cámara de la Industria Alimentaria, el Gobierno no puede seguir utilizando herramientas policiacas con los sectores que producen, ya que aunque estamos a favor de atacar la informalidad este tipo de leyes no crean un ambiente laboral empresarial positivo.

El proyecto de ley también creaba un Tribunal Administrativo de la Inspección de Trabajo, como un órgano de desconcentración máxima del Ministerio de Trabajo y tendría competencia en todo el territorio nacional.

Este órgano agotaría la vía administrativa y sus resoluciones serían de acatamiento estricto y obligatorio.

El principal diputado opositor en la pasada legislatura fue Otto Guevara, del Movimiento Libertario, quien insistió en que esto daba potestades arbitrarias a los inspectores de trabajo y que esto perjudicaba a todos los empresarios.

Lo que se proponía

Los empresarios se verían obligados a pagar multas más altas en el caso de que el proyecto no se archivara y ahora hay que esperar para ver qué van a proponer.

-Leves: Se impondrían por falta de comprobantes de pago o datos de planillas incompletas y serían castigadas con multas comprendidas entre uno y siete salarios base mensuales.

-Graves: Se aplicarían para contravenciones en materia de higiene, seguridad o salud en el trabajo y por incumplir la normativa migratoria y la sanción oscilaría entre ocho y 15 salarios base

-Muy graves: Se otorgarán por el incumplimiento del pago del salario mínimo o de prestaciones legales y la discriminación en las condiciones de trabajo y serían castigadas con multas que van entre 16 y 23 salarios base.