Empresarios cierran filas a favor de Uber
“La decisión del Gobierno no es solo arbitraria, sino también reprochable y sin asidero legal”, dijo Rogelio Fernández, abogado de la Asociación de Consumidores Libres. Esteban Monge/La República
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En vez de perseguir a los conductores de Uber y a las empresas que realizan promociones con el uso de la movilidad colaborativa, el Gobierno debería regular el ingreso de nuevas tecnologías en el transporte público, considera el sector privado, que ha cerrado filas a favor de la aplicación.

De esta forma no solo se crearían nuevas fuentes de empleo, sino que también el Estado tendría la posibilidad de cobrar más tributos y de paso, oxigenar el alicaído sistema del IVM de la Caja.

El país estaría resguardando su imagen como destino comercial y de turismo, la cual está en peligro por la decisión del gobierno de Luis Guillermo Solís de imponer una multa de hasta $29 mil aproximadamente, a las empresas que hagan negocios con Uber.

La medida —dada a conocer la semana pasada— por parte del MEIC abarca a restaurantes, comercios, hoteles, bancos y otros, al prohibir cualquier tipo de promoción con Uber, como por ejemplo, un viaje gratis por cada cinco pagados con determinada tarjeta, o bien, un descuento por asistir a un evento o comercio en un carro que brinde la movilidad colaborativa.

“El Gobierno se está equivocando al defender un gremio. En una ocasión el mandatario Solís pidió a los costarricenses que le hiciéramos un llamado de atención cuando se estaba equivocando, pues ahora, yo se lo hago. En ninguna parte del mundo, salvo en los países totalitarios se prohíbe la innovación”, dijo Gustavo Araya, CEO de Wyndham y Hard Rock Cafe.

En estos momentos hay unos 16 mil conductores de Uber registrados, mientras que más de 600 mil personas en Costa Rica han descargado la aplicación.

Asimismo, hay otras opciones de movilidad colaborativa en el mercado como Nova Transportes que arrancó el 16 de este mes y que en seis horas de operación, logró mover a unas 500 personas en la GAM.

A diferencia de su competidor Uber, la propuesta nacional sale al mercado con más de 4 mil conductores registrados dentro del Área Metropolitana y en las zonas alejadas como Guanacaste, San Carlos, Pérez Zeledón y Limón.

Por su parte, el gremio de taxistas suma más de 13 mil conductores, quienes presionaron al Gobierno y lograron a mediados de mes, que se intensificaran los operativos en contra de los choferes de Uber.

La decisión gubernamental fue aprovechada una vez más por la empresa, para hacer un llamado a las autoridades y a los diputados, para que discutan cuanto antes una legislación que regule el servicio de movilidad colaborativa en Costa Rica.

Esta semana, Franklin Corella, diputado oficialista del PAC, pidió a Solís que convoque a las sesiones extraordinarias un proyecto de ley que él presentó el año pasado sobre este particular.

Mientras tanto, los candidatos presidenciales de Liberación Nacional, el PUSC, el Movimiento Libertario, el Frente Amplio, el PIN y hasta del propio PAC, han pedido al mandatario debatir el tema y no darle más largas al asunto.


Palmada en la espalda


Limitar el uso de plataformas tecnológicas como Uber, no solo afecta la posibilidad que tienen los usuarios de elegir el que consideren el mejor servicio, sino que también estaría afectando la imagen del país, de acuerdo con el sector privado.

Alonso Elizondo

Director ejecutivo
Cámara de Comercio

Defendemos ante todo la libertad de comercio y no estamos de acuerdo con ninguna actividad reguladora del Gobierno entre dos empresas privadas, que atente contra este ejercicio.
Es importante tratar de que estos nuevos servicios se regulen de forma adecuada, ya que no solo obedecen a una tendencia mundial, sino que además ofrecen grandes beneficios a los consumidores.
Cualquier medida que se tome en contra de la libertad comercial, podría afectar la imagen de Costa Rica a nivel internacional.

Flora Ayub

Directora ejecutiva
Cámara de Hoteles

No le corresponde a esta Cámara valorar la legalidad o no de la aplicación Uber, pero sí la legalidad o no del accionar de nuestros agremiados.
Es aquí donde no comprendemos el asedio del Ministerio de Economía exclusivamente a nuestro sector y no a otro como la televisión, que lleva semanas mostrando una campaña publicitaria de la mencionada empresa.
Seis de los siete comercios notificados pertenecen al sector que mueve la economía, lo cual es un claro reflejo de la contradicción dada por los señores ministros, de que apoyan al sector turismo.

Isabel Vargas

Presidenta
Cámara Nacional de Turismo

Coincidimos con las intenciones gubernamentales para que nuevas actividades asociadas con la economía colaborativa de transporte y hospedaje que operen en nuestro país contribuyan con los ingresos del Estado mediante el pago de tributos, a fin de hacer una competencia más justa con las empresas que operan con formatos tradicionales. En lo que no estamos de acuerdo, es que se limiten la creatividad y la libertad de comercio que rige en Costa Rica.
En ese sentido, nos solidarizamos con las empresas y abogamos por una gestión pública más justa y eficiente.

Franco Arturo Pacheco

Presidente
UCCAEP

Nos preocupa la actitud del Gobierno, que no asume una actitud proactiva y propositiva para desarrollar una legislación necesaria, para que estas empresas, que cuentan con nuevas tecnologías, puedan operar bajo la legalidad en Costa Rica.
Esta es una tendencia a nivel mundial y se debe controlar a ciertos grupos de presión que han montado una persecución en contra de personas que se dedican a esta actividad y lo único que buscan es una fuente de ingresos ante la falta de opciones de trabajo en el país; de ahí que alarma ver como una especie de persecución está trascendiendo y afectando a otros negocios que operan bajo la formalidad.

María Bolaños

Directora ejecutiva
Cámara Costarricense de Restaurantes y Afines

Definitivamente no se puede privar del derecho del público a elegir un servicio como es la plataforma o servicio de transporte.
Pienso que para nuestro sector sí hay una afectación con la decisión del Gobierno, ya que el servicio de Uber es muy buscado por clientes y colaboradores después de eventos y en variedad de horarios, así como por los turistas.
Costa Rica se ha caracterizado por ser amplio en las opciones de mercado y en los servicios brindados por lo que la negativa en contra de Uber, sí podría afectar la percepción que el turista extranjero tiene.

Rogelio Fernández

Abogado
Asociación de Consumidores Libres

La decisión del Gobierno no solo es arbitraria, sino también reprochable y sin asidero legal. Hemos dicho en varias ocasiones que el Presidente de la República debe gobernar para todos y no para un sector como lo está haciendo al proteger a los taxistas, sin importar que más de 600 mil personas ya han descargado la aplicación de Uber y les gusta usar ese servicio, ya que es más eficiente y, más importante aún, a un menor costo.
Los argumentos del Gobierno son vacíos y están afectando actividades comerciales importantes también.
El uso de nuevas tecnologías para el beneficio de todos debe imponerse y no la protección de grupos minoritarios de poder.


Irrupción


Al cumplir dos años en Costa Rica la empresa Uber ha logrado abrirse un espacio en el transporte público, ya que miles de personas han descargado la aplicación.


600 mil

las personas que han descargado la aplicación en el país


16 mil

la cantidad de conductores de Uber


57%

el porcentaje de mujeres choferes


132

el número de países donde opera la compañía


$29 mil

el monto aproximado de la multa que ha ordenado el Gobierno a las empresas que hagan convenios con Uber


Fuente Uber y Gobierno

 

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