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Viernes 1 Junio, 2012

El costo de la regulación sí es avergonzante

Hace poco tiempo, el ex Ministro de Hacienda, Fernando Herrero, asustaba a la ciudadanía con la urgencia de encontrar recursos frescos mediante nuevos impuestos. Según Herrero, ya no había dónde recortar más gasto público y la única solución era la aprobación de su plan fiscal. Pero fue precisamente durante la gestión de Herrero como Regulador general que la Aresep empezó su escalada descontrolada de gasto.
Es cierto que la Aresep es una institución autónoma con independencia patrimonial y financiera (según lo establece el artículo 1 de la Ley 7593). Esto quiere decir que el Gobierno central no puede tocar su patrimonio ni transferir sus cuantiosos excedentes presupuestarios, sin importar las penurias económicas que esté sufriendo.
Pero en cuatro años, el presupuesto anual de la Aresep pasó de $7,2 millones a $27,5 millones —sin existir un incremento proporcional en la población ni en los entes regulados. Casi una quinta parte de este enorme monto lo pagamos los usuarios a través de la gasolina, cuyo costo al consumidor se ha incrementado inusitadamente en los últimos años.
El Regulador general, Dennis Meléndez, defiende el superávit, alegando que “no hay que avergonzarse del costo de la regulación”. No obstante, su posición contrasta con la de los exdirectivos María Lourdes Echandi y Emilio Arias, quienes, al no acoger la Junta Directiva sus demandas de austeridad y uso eficiente de los recursos, renunciaron. Aunque Meléndez celebre que la Contraloría acaba de refrendar la licitud del contrato, ¿es oportuno que Aresep pague un alquiler de ¢1 mil millones anuales por el edificio que ocupa? ¿Cómo se justifica que los sueldos de sus 200 empleados sean mucho mayores que en el resto del Estado, con responsabilidades comparables? ¿Cómo se explica que se gaste apenas el 50% de lo recaudado? ¿Y que esa recaudación continúe creciendo a un ritmo del 32% anual?
Hay otros problemas prácticos del superávit. La ley ordena que los excedentes sean devueltos a los operadores, a pesar de que estos son meros recaudadores de los cánones que, en realidad, pagan los usuarios. Así, solo en 2010 se hizo una devolución de más de ¢4 mil millones, que se acreditaron a los operadores, no a los usuarios.
Pero, al no haber sido los operadores quienes hicieron la contribución, esta “devolución” podría estar produciendo en la práctica, en cuanto al usuario, un aumento en los cánones, y en cuanto al sector regulado, un posible enriquecimiento sin causa amparado a la ley.

Mauricio Brenes
Abogado