Una correcta aplicación de las leyes de competencia permite evitar la ineficiencia y el favoritismo y contribuye a mantener la transparencia de los negocios y las autoridades
El camino recorrido y los retos
| Jueves 30 julio, 2015
En los últimos 20 años la política de promoción de la competencia ha mostrado una evolución positiva, en beneficio de la eficiencia de los mercados y, particularmente, de los consumidores.
Durante el proceso de liberalización comercial en el que políticas proteccionistas como la sustitución de importaciones, el control de precios y la elevada intervención del gobierno en la economía —que, pese a las buenas intenciones que las motivaron, por insostenibles y contradictorias terminaron reduciendo el potencial de crecimiento del país y generando graves desequilibrios macroeconómicos— se hizo evidente que no bastaba el desmantelamiento de las barreras arancelarias y no arancelarias para asegurar el funcionamiento de los mercados y para favorecer una formación de precios eficiente.
En este contexto, en 1994, se promulgó la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, que condujo a la creación, en 1996, de la Comisión para Promover la Competencia (COPROCOM) como órgano de desconcentración máxima adscrito al MEIC con el fin de cumplir los preceptos de dicha ley.
La política de competencia es fundamental no solo para que las economías crezcan de forma vigorosa y sostenida, sino también para que los beneficios de este crecimiento lleguen a todos los segmentos de la población, especialmente a los más pobres, puesto que una competencia efectiva les brinda a los consumidores más posibilidades de elección, bienes y servicios de mejor calidad y precios más bajos.
Adicionalmente, una correcta aplicación de las leyes de competencia permite evitar la ineficiencia y el favoritismo y contribuye a mantener la transparencia de los negocios y las autoridades.
Pese a los avances observados y a su evidente trascendencia para el desarrollo económico y social; históricamente como país no se le ha dado la importancia que requiere y merece esta vertiente de la política pública, lo que ha impedido que se desarrolle una “cultura” de promoción de la libre concurrencia en los mercados.
Es también preocupante, que en torno al diseño institucional que rige este ámbito de la regulación gubernamental, se generen dudas alrededor de acciones, que lejos de propiciar la fundamental independencia y efectividad de la COPROCOM, puedan —pese a los buenos oficios de las autoridades— terminar debilitando las acciones adoptadas o por adoptar.
El país tiene grandes desafíos en este tema y además de fortalecer la ley para darle a la COPROCOM las facultades necesarias para garantizar una competencia efectiva, es trascendental repensar el diseño institucional para que pueda cumplir con sus funciones y esto pasa, necesariamente, por analizar y reformular su vinculación, no solo presupuestaria, sino funcional, política y administrativa con el MEIC.
El camino es claro, una política efectiva de competencia requiere que se fortalezca la institucionalidad y la independencia de la COPROCOM y de sus instancias de apoyo técnico, tal y como lo señalan las recomendaciones de la OCDE en esta materia.
José Luis Arce
Ciencia lúgubre