Edición impresa
¡Manténgase al día!
Reciba las últimas novedades e información directamente en su correo.
La última sesión del Congreso 2022-2026 terminó como una dolorosa metáfora de una legislatura marcada por el desgaste institucional, la confrontación y la incapacidad de asumir responsabilidades políticas. No hubo cierre solemne, ni rendición de cuentas, ni discusión democrática. Hubo ausencia. Hubo silencio. Hubo un quórum roto que enterró en sede legislativa, la discusión sobre una denuncia de presunto hostigamiento sexual y conductas inapropiadas contra un diputado y líder de partido hacia una diputada, ocurridas durante el tiempo en que ambos coincidieron en funciones legislativas.
Treinta y cinco diputados se presentaron. Tres menos de los necesarios para sesionar, lo cual impidió que el Plenario conociera y votara los informes elaborados por la Comisión Especial Investigadora sobre las denuncias planteadas por la exdiputada y asesora legislativa.
La ausencia masiva de legisladores de Nueva República, Progreso Social Democrático, parte de la Unidad Social Cristiana y de Liberación Nacional e independientes no fue un hecho menor ni un simple trámite administrativo. Ambos olvidaron, diputadas y diputados, que fueron electos gracias al voto del 50,3% del electorado nacional representado por mujeres costarricenses que esperaban responsabilidad y valentía, no silencio estratégico. No se les pedía condenar anticipadamente a nadie, sino permitir que el proceso democrático avanzara y que el Congreso cumpliera con su deber de discutir un tema de interés nacional.
La ausencia de diputadas para discutir una denuncia de presunto hostigamiento sexual también obliga a reflexionar sobre el verdadero significado de la sororidad. La sororidad no consiste en respaldar automáticamente a cualquier mujer por el simple hecho de serlo, sino en solidarizarse con causas justas, defender principios éticos y acompañar a quienes buscan ser escuchadas cuando existen denuncias serias que merecen atención y transparencia. Y en el caso de los hombres que tampoco comparecieron, preocupa que algunos parezcan olvidar algo esencial: todos nacieron de una mujer; muchos tienen hijas, hermanas, esposas, abuelas o amigas que enfrentan diariamente riesgos de violencia, discriminación o abuso.
El mensaje que diputadas y diputados enviaron hacia las víctimas puede ser devastador: “no vale la pena denunciar porque el poder se protege a sí mismo”. Ese es precisamente el tipo de cultura que debilita la confianza en las instituciones y profundiza el desencanto ciudadano.
Romper el quórum para evitar una votación no borró el problema. Solo transmitió la percepción de que proteger alianzas políticas o evitar costos partidarios tuvo más peso que la obligación moral de enfrentar un tema delicado y un problema que debemos erradicar, con transparencia, compromiso y responsabilidad.
En ese contexto, el silencio y la indiferencia frente a denuncias de hostigamiento y violencia contra las mujeres nunca son neutrales. Cuando quienes tienen poder político deciden ausentarse, callar o mirar hacia otro lado, también envían un mensaje de intimidación, abandono e impunidad. La violencia política no solo se manifiesta en agresiones directas; también se expresa en la omisión, en el bloqueo institucional y en el silencio cómplice que desprotege, desacredita y agrede.
