Carlos Denton

Carlos Denton

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Miércoles 11 Octubre, 2017

El combate a la corrupción

Tomando en cuenta los eventos recientes está claro que las instituciones creadas legalmente para descubrir, evitar y penalizar la corrupción en el sector público no están funcionando adecuadamente. La Contraloría, la Sugef, la Sugeval, la Sutel, las auditorías de los bancos, la Caja, el ICE, el Ministerio Público y otras instituciones no logran impedir que eventos como el “cementazo,” “la trocha,” y otros, no conocidos por el público, ocurran.

Hay que aceptarlo; la corrupción es endémica al sector público y los fondos de todos los costarricenses no se están manejando como esperarían los que pagan impuestos generados por su arduo trabajo y en su lucha tenaz. Se eligió en este periodo a un partido político, el de Acción Ciudadana (PAC), que ofrecía la probidad como su máximo aporte a lo que es la gobernanza, y con el cementazo y otros eventos está claro que no pudo esta agrupación.



Es posible que sea hora de pensar en introducir en Costa Rica una solución como la que se ejecuta en Guatemala en la actualidad. Bajo el auspicio de las Naciones Unidas en ese país vecino se estableció la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala CICIG. Vino a funcionar en una coyuntura donde la impunidad era tan rampante como la que se siente acá, y como resultado de sus investigaciones y sus acusaciones la mayoría de la administración de Otto Pérez Molina, incluyendo al presidente y al vicepresidente, están en la cárcel; varios jerarcas de gremios y miembros de juntas directivas los acompañan.

El presidente Jimmy Morales quiso deportar al director de la CICIG, Iván Velásquez, y el Secretario General de las Naciones Unidas le dijo que no lo aceptaba y allí sigue. La CICIG está investigando el financiamiento de la campaña de Jimmy y a este no le gustó.

¿Cuánto se ahorraría en Costa Rica si hubiera un CICICR? ¡Quizás no se necesitarían impuestos nuevos si se evitaran los robos y las malversaciones que podrían existir ahora!

Por supuesto, como ha pasado con la UNOPS, que se estableció para tratar de sustituir al MOPT y Conavi (instituciones que claramente no funcionan), se levantaron las voces de protesta. Todas estas instituciones como la Sala IV, la Contraloría y las superintendencias intentarán declarar a la CICICR como inconstitucional, y posiblemente surgirá de los “grupos del no” un “grito de nacionalismo”. Pero si se negocia y aprueba su existencia con la participación de los poderes del Estado, quizás podría funcionar con éxito. ¿Quién sabe? Quizás se verán algunos de los “pudientes” del país en el calabozo, algo que no ocurre con frecuencia.

Cuando Costa Rica eliminó su ejército, se pretendió usar los fondos que se destinaban a la institución castrense para establecer el mejor sistema de educación y seguridad social en la región. ¡Se logró ese compromiso! Pero ahora la corrupción amenaza el sistema y toda la estructura que se ha edificado para dar una calidad de vida sin paralelo a los ticos. ¡Se necesita una CICICR!

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