El ajuste fiscal exige un gran esfuerzo de contención del gasto

A pesar del cambio radical que se dio entre la primera propuesta del gobierno para llegar a un convenio con el FMI y la actual, se siguen escuchando críticas en contra, reclamando que parte del ajuste sea con nuevos ingresos y pidiendo mayor reducción del gasto.

Creo necesario que la opinión pública tenga información más clara, para que se aquilate la realidad del fuerte ajuste en el gasto del gobierno central que significa el programa de consolidación fiscal aprobado por el gobierno y la misión técnica del FMI.

El ajuste en el gasto se efectúa por medidas de recorte del presupuesto para 2021, por decisiones adoptadas por decreto ya emitido, por proyectos de ley de Empleo Público y de Reducción del Gasto Público Mediante la Eliminación de Plazas Vacantes y Congelamiento de Aumentos de Pensiones con Cargo al Presupuesto Nacional y por la operación de la regla fiscal. El impacto estimado de estas medidas reduciría el gasto del gobierno central para 2025 en 3,6 puntos porcentuales (p.p.) del PIB. Pero el esfuerzo real de contención del gasto es mayor.

Dado que el ajuste es gradual, y así debe serlo dada la magnitud del desequilibrio en que se ha incurrido por las acciones fiscales de los últimos 12 años y la pandemia, la deuda pública seguirá creciendo hasta que se obtenga un superávit primario que lo impida, lo que en el convenio con el FMI se estima ocurrirá en 2024. Por esta razón el monto a pagar de intereses seguirá creciendo respecto al PIB hasta que la deuda empiece a disminuir también respecto al PIB. Este mayor gasto en intereses se da a pesar de que el acuerdo con el FMI favorece una tasa de interés menor sobre la nueva deuda.

Si se toma en cuenta esta circunstancia, el gasto total sin incluir el pago de intereses deberá disminuir de 2020 a 2025 en 5 p.p. del PIB, lo que significa una disminución de un 27% sobre su valor de 18,2% del PIB en 2020, lo cual requerirá un gran esfuerzo de restructuración del aparato estatal durante los próximos años para asegurar el cumplimiento de la regla fiscal y poder lograrlo.

Esta circunstancia me convence de la necesidad de que el programa -tal y como lo han presentado las autoridades- incluya un esfuerzo tributario adicional, que sobre el sector privado significa una cuarta parte del tamaño del ajuste. Por supuesto que es necesario reducir al mínimo posible esta parte del ajuste por sus efectos recesivos en una situación de tanta contracción económica. Por ello habría preferido que se incluyera la venta de algunos entes públicos que actúan en competencia (INS, el BCR, KOLBI) para dar un golpe inicial que disminuya la deuda pública y disminuir el esfuerzo tributario. Y claro, que las modalidades específicas de las modificaciones tributarias están sujetas a debate y a acordar las menos dañinas para la producción y las más equitativas socialmente.

El muy significativo ajuste del gasto público que este necesario acuerdo con el FMI implica, también refuerza mi convencimiento de que la regla fiscal debe ser elevada a rango constitucional, como desde 1988 lo propuse con la reforma para incluir un capítulo de Garantías Económicas en la Constitución Política. De lo contrario la tentación que sufrirán las autoridades año con año de violar la regla fiscal podría ser inmanejable, y se daría al traste con el ajuste, perdiéndose el esfuerzo que ahora se realice.

También esta circunstancia refuerza la inmensa necesidad de alcanzar un acuerdo con el FMI que nos permitirá tener un menor riesgo país y en consecuencia menores tasa de interés y mayor crecimiento económico.

Sin un acuerdo con el FMI la mayor tasa de interés asociada con mayor riesgo país, así como el menor crecimiento económico, llevarían a que la reducción del gasto sin intereses subiera a 7 p.p. del PIB, lo que significaría una caída de casi un 40% totalmente inmanejable. ¡Aún eliminando totalmente los gastos de capital de inversión directa y transferencias de capital al sector público, la reducción del gasto corriente primario sería mayor a 5 p.p. del PIB!

Mi conclusión es que a pesar de ser el ajuste con un acuerdo con el FMI la manera más gradual de poder hacerlo, el esfuerzo de disminución de gasto público que conlleva el programa acordado es muy fuerte y requiere un esfuerzo político continuado para realizarlo, que aconseja elevar a rango constitucional la regla fiscal. Intentar hacerlo sin acuerdo con el FMI estoy seguro de que reventaría la regla fiscal y nos llevaría casi indefectiblemente a una cesación de pagos.

Este último resultado sería fatal para las familias menos pudientes y para la clase media, y tomaría un tiempo muy largo la recuperación. Está en el interés de todos el evitarlo. No dejemos que nos obnubilen intereses de corto plazo que tienen después costos enormes.