Menor inversión social y altibajos en gasto en seguridad se unieron a impacto de la pandemia
Disciplina fiscal de los últimos años se tradujo en un estallido de violencia y homicidios del narco
Cantidad de policías es la misma que hace una década
Esteban Arrieta earrieta@larepublica.net | Lunes 16 octubre, 2023
La menor inversión social de los últimos diez años, altibajos en el presupuesto del Ministerio de Seguridad Pública y el Poder Judicial, así como una cantidad de policías que es la misma de hace una década, explican por qué Costa Rica registra una cifra récord de homicidios, la penetración del narco y el sicariato.
A ello habría que agregar el impacto de la pandemia en términos de pobreza, pérdida de empleos y falta de oportunidades, que han empujado a muchos jóvenes a estructuras criminales.
En este caso, la menor inversión en todos los ámbitos se explica por la regla fiscal, que limita el crecimiento del gasto público, además del peso de la deuda que supera el 60% del PIB y el déficit fiscal, que contuvieron el gasto del Estado desde el 2018.
Lea más: Limón tiene una tasa de homicidios mayor a México y se ubica en top 3 de lugares peligrosos
La decisión que tomó el país en aquel momento era vital para evitar un descalabro económico que aún es una amenaza.
Al cierre de esta información el viernes anterior, el país ya sumaba 707 asesinatos; lo cual es todo un récord para Costa Rica y lo peor de todo, es que todavía faltan dos meses para terminar el año.
La guerra entre bandas narcotraficantes por territorio y rutas de trasiego explican la violencia, pero la causa es mucho más profunda, explican los especialistas.
Por ejemplo, para el otro año se proyecta una inversión social de 9,7% del PIB, lo que representa la cifra más baja en una década, al considerar instituciones clave como el Ministerio de Educación, Trabajo, Vivienda y Cultura.
“Las altas tasas de homicidio y violencia callejera son el resultado de una dinámica social y económica excluyente”, dijo Carlos Carranza, sociólogo e investigador de la Universidad Nacional.
Para el período 2018 – 2024, el gasto del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, que dirige una serie de programas sociales y becas, pasará de ¢474 mil millones a ¢452 mil millones, a la vez que hay fondos que no se ejecutan y altibajos para el período.
Asimismo, la inversión en educación está congelada y con una leve tendencia a la baja, según se desprende de los datos de Hacienda.
En cuanto al Poder Judicial, su presupuesto estuvo sin mayores movimientos entre el 2018 y el año pasado, mientras que Seguridad Pública tuvo aumentos y rebajas. En ambos casos, las dos instituciones ya tienen un mayor presupuesto, pero el país está con el agua al cuello.
“La grave realidad que enfrenta el país hace imprescindible y urgente que contemos con más recursos, puesto que, si se continúa trabajando con las mismas limitaciones, vamos a obtener los mismos resultados que hemos visto hasta ahora”, indicó Carlo Díaz, fiscal general.
Altibajos
El presupuesto para el Ministerio de Seguridad Pública y el Poder Judicial ha tenido altibajos en los últimos años.
La aplicación de la regla fiscal y el recorte del gasto público no han permitido un crecimiento sostenido.
Para el 2024 se pretende un aumento significativo por la crisis que vive el país de violencia, narcotráfico y homicidios (cifras en miles de millones de colones según el Ministerio de Hacienda con los presupuestos aprobados por el Congreso).
| Año | Ministerio Seguridad | Poder Judicial |
|---|---|---|
| 2018 | 258 | 474 |
| 2019 | 261 | 473 |
| 2020 | 267 | 472 |
| 2021 | 261 | 457 |
| 2022 | 270 | 470 |
| 2023 | 269 | 490 |
| 2024* | 294 | 491 |
*Se refiere al presupuesto presentado y no aprobado todavía
Nueva dirección
Para enfrentar la violencia que vive el país, Costa Rica requiere de una nueva dirección para luchar contra el narcotráfico, el crimen organizado y los homicidios.
Rodrigo Arias
Presidente
Asamblea Legislativa
Ahora es momento de pasar a la acción. Este asunto concierne a todos, en sus respectivos roles y facultades constitucionales.
El Congreso desea colaborar en esta ruta de seguridad y, por ello, participaremos en una nueva reunión este lunes para buscar soluciones conjuntas. Se debe hacer una evaluación exhaustiva de lo que estamos haciendo y mejorar los puntos que se deben mejorar para el beneficio de toda la sociedad.
Carlos Carranza
Sociólogo – investigador
Universidad Nacional
Las altas tasas de homicidio y violencia callejera son el resultado de una dinámica social y económica excluyente que tiene como producto una mayor injerencia de la economía de las drogas y sus consecuencias: ajuste de cuentas y luchas por territorio.
Si bien esta dinámica se ha venido repitiendo en el análisis de los informes de coyuntura, las cifras y las formas superan con creces la falta de estrategia sistemática que muestra el gobierno actual para el combate a la violencia.
Carlo Díaz
Fiscal General
Costa Rica
La grave realidad que enfrenta el país hace imprescindible y urgente que contemos con más recursos, puesto que, si se continúa trabajando con las mismas limitaciones, vamos a obtener los mismos resultados que hemos visto hasta ahora.
Esto porque actualmente se registran un promedio de 2.5 homicidios por día; además, el OIJ ha identificado casi tres centenas de organizaciones criminales y no tenemos la capacidad de investigarlas todas con la misma prioridad.
Tania Molina
Gerente de Operaciones
Business Alliance for Secure Commerce
Reducir la brecha social y la desigualdad, así como mejorar la educación y las oportunidades laborales en todo el país es fundamental para evitar el reclutamiento de jóvenes por parte del narcotráfico.
Hay que detener el romanticismo asociado con el crimen, lo cual va de la mano con la impunidad. Hay una especie de ola bastante zurda, de que los delincuentes son pobrecitos, por el desempleo y la falta de oportunidades, pero no analizan que muchos de esos muchachos están en la vida delincuencial porque sí.
Gloria Navas
Presidenta
Comisión de Seguridad y Narcotráfico
El problema esencial que puedo señalar con toda claridad no es que tengamos unos escáneres por aquí o por allá, no es que presentemos cinco proyectitos de parte del Poder Ejecutivo; es que el Poder Ejecutivo no tiene dirección de lo que tiene que hacer en materia de Seguridad, ese es el problema, el problema esencial es que no tiene las políticas públicas necesarias, la ruta no está clara y el problema de la seguridad viene desde la prevención y la educación.
Randall Zúñiga
Director
Organismo de Investigación Judicial
La realidad actual es que los homicidios absorben la capacidad total del OIJ.
Estamos invirtiendo cada vez más y más recursos en los asesinatos.
El 4 de diciembre del 2018 la Asamblea Legislativa aprueba la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas, lo que implicó no solo un límite al gasto, sino también el pago del IVA para el OIJ. Antes se podía pedir más dinero, pero ahora hay un sistema informático que determina el monto máximo y por tanto, no se puede uno pasar del monto, ya que el sistema no recibe la solicitud.
